Jorge A. Chavez Presa
Como cada tres años, este 1 de septiembre llegan 500 nuevos legisladores a la Cámara de Diputados. Este reemplazo crea la expectativa de que la nueva Legislatura traerá los bríos para aprobar una reforma profunda de la hacienda pública, y que se desistirá del camino fácil de sacar sólo una miscelánea fiscal maltrecha que extraiga más ingresos de los mismos contribuyentes. La pregunta obligada: ¿por qué desde hace más de 30 años, cuando se introdujo el IVA a una tasa de 10%, se simplificó y redujo el número de gravámenes y se introdujo la Ley de Coordinación Fiscal, no ha podido aprobarse algo más perdurable, justo y relevante?
La contestación es difícil y compleja. Sin embargo, lo que se ha podido observar es que la mayor competencia por el poder público no lo ha logrado. En el statu quo el Estado mexicano no ha podido cumplir con la Constitución, que ordena construir una hacienda pública en la que todos los ciudadanos contribuyamos, y que estos ingresos recaudados por el erario se devuelvan como bienes y servicios públicos, que son necesarios para el impulso del desarrollo nacional. Para ello, véase Capítulo II, “De los mexicanos”, artículo 31: obligaciones de los mexicanos, fracción IV; Capítulo IV, “De los ciudadanos mexicanos”, artículo 36: obligaciones del ciudadano, fracción I.
A este respecto se ha argumentado que el partido hegemónico para legitimarse convirtió el sistema fiscal en un instrumento para repartir prebendas y privilegios a los sectores que lo respaldaron. La evidencia está cuantificada en el “Presupuesto de Gastos Fiscales”, que mide el valor de las exenciones y regímenes especiales por impuesto, así como los estímulos. Todos estos rubros suman casi cuatro puntos del PIB, o 502 mil millones de pesos (mmp). No obstante la transición democrática con una representación más plural, ésta no ha sido acompañada por una transición en la hacienda pública hacia lo que marca la Constitución.
Tiene que empezar por reconocerse que la situación actual no sólo es insostenible, sino inaceptable para un país que en su contrato social, esto es la Constitución, establece con precisión el siguiente modelo simplificado: el Estado mexicano educa, da salud y seguridad social, esto es, invierte en capital humano, y a cambio pide que el ciudadano genere riqueza y de ésta parte se la entregue en forma de contribuciones. Desafortunadamente la realidad está muy alejada de lo que marca el contrato social. No sólo eso, ha llevado al contrato social a la ruina por lo que observamos en las cifras de pobreza (47 millones de personas viven en una o varias de las clasificaciones de pobreza: alimentaria, de capacidades y patrimonial), bajo nivel educativo, una población parcialmente con seguridad social, y con un potencial de crecimiento económico muy limitado sujeto a que la economía de EU nos impulse. El colmo ha sido que los ingresos petroleros, no sólo los excedentes que se generaron por mayor producción y precio de petróleo, en lugar de haberlos utilizado para inversión se han destinado a cubrir el costo de servicios públicos deficientes en términos de calidad, cantidad y cobertura.
La situación actual es delicada porque no tenemos una base de impuestos sólida, tan sólo recaudamos 11% del PIB en ingresos recurrentes y el gasto programable del gobierno federal, que no incluye participaciones (3.5% del PIB) y costo financiero sobre la deuda pública (2%), representa aproximadamente 15% del PIB. La brecha se ha financiado con ingresos petroleros y emisión de deuda pública. Para 2009 el Congreso aprobó al Ejecutivo federal un endeudamiento neto por 439 mmp, que equivale a un déficit gubernamental de 3.4% del PIB.
Hay dos pequeñitos detalles: primero, nuestro motor de crecimiento que está fuera de borda (la economía de EU) no sólo se detuvo, sino que lo más probable es que registre una lenta recuperación. Esto conlleva a una menor demanda de nuestras exportaciones manufactureras, menos remesas e inversión extranjera. Segundo, se desplomó la producción petrolera a pesar de una inversión en Pemex de 2001 a 2009 cercana a los 115 mil millones de dólares. La balanza comercial petrolera (exportaciones de crudo menos importaciones de petrolífieros, sin incluir la importación de bienes de capital) está apenas en equilibrio y de seguir así pronto será deficitaria. Esto implica que el nivel actual de gasto público ya no puede financiarse.
De leer este balance simplificado y abreviado del estado que guarda el financiamiento y los resultados obtenidos a favor del pacto social, el punto es claro: se requiere de un pacto político para poder financiar al pacto social del Estado mexicano con menos ingresos petroleros. Ya no es opción, necesitamos una reforma integral de la hacienda pública dentro de un marco diferente. Ello exige que el pacto político abandone el modelo de clientelas y se base en uno de ciudadanos en el que todos contribuimos.
Que este compromiso de cumplir con el erario tenga como contraparte el combate a la pobreza a través del modelo de formación de capital humano que marca nuestra Constitución. Ese es el sentido de las reformas estructurales que tanto necesitamos, pero que no concretamos por el gran temor fundado de que en México se privatizan y concentran ganancias a costa de socializar pérdidas. Ya no hay opción, es cuestión de supervivencia.
La contestación es difícil y compleja. Sin embargo, lo que se ha podido observar es que la mayor competencia por el poder público no lo ha logrado. En el statu quo el Estado mexicano no ha podido cumplir con la Constitución, que ordena construir una hacienda pública en la que todos los ciudadanos contribuyamos, y que estos ingresos recaudados por el erario se devuelvan como bienes y servicios públicos, que son necesarios para el impulso del desarrollo nacional. Para ello, véase Capítulo II, “De los mexicanos”, artículo 31: obligaciones de los mexicanos, fracción IV; Capítulo IV, “De los ciudadanos mexicanos”, artículo 36: obligaciones del ciudadano, fracción I.
A este respecto se ha argumentado que el partido hegemónico para legitimarse convirtió el sistema fiscal en un instrumento para repartir prebendas y privilegios a los sectores que lo respaldaron. La evidencia está cuantificada en el “Presupuesto de Gastos Fiscales”, que mide el valor de las exenciones y regímenes especiales por impuesto, así como los estímulos. Todos estos rubros suman casi cuatro puntos del PIB, o 502 mil millones de pesos (mmp). No obstante la transición democrática con una representación más plural, ésta no ha sido acompañada por una transición en la hacienda pública hacia lo que marca la Constitución.
Tiene que empezar por reconocerse que la situación actual no sólo es insostenible, sino inaceptable para un país que en su contrato social, esto es la Constitución, establece con precisión el siguiente modelo simplificado: el Estado mexicano educa, da salud y seguridad social, esto es, invierte en capital humano, y a cambio pide que el ciudadano genere riqueza y de ésta parte se la entregue en forma de contribuciones. Desafortunadamente la realidad está muy alejada de lo que marca el contrato social. No sólo eso, ha llevado al contrato social a la ruina por lo que observamos en las cifras de pobreza (47 millones de personas viven en una o varias de las clasificaciones de pobreza: alimentaria, de capacidades y patrimonial), bajo nivel educativo, una población parcialmente con seguridad social, y con un potencial de crecimiento económico muy limitado sujeto a que la economía de EU nos impulse. El colmo ha sido que los ingresos petroleros, no sólo los excedentes que se generaron por mayor producción y precio de petróleo, en lugar de haberlos utilizado para inversión se han destinado a cubrir el costo de servicios públicos deficientes en términos de calidad, cantidad y cobertura.
La situación actual es delicada porque no tenemos una base de impuestos sólida, tan sólo recaudamos 11% del PIB en ingresos recurrentes y el gasto programable del gobierno federal, que no incluye participaciones (3.5% del PIB) y costo financiero sobre la deuda pública (2%), representa aproximadamente 15% del PIB. La brecha se ha financiado con ingresos petroleros y emisión de deuda pública. Para 2009 el Congreso aprobó al Ejecutivo federal un endeudamiento neto por 439 mmp, que equivale a un déficit gubernamental de 3.4% del PIB.
Hay dos pequeñitos detalles: primero, nuestro motor de crecimiento que está fuera de borda (la economía de EU) no sólo se detuvo, sino que lo más probable es que registre una lenta recuperación. Esto conlleva a una menor demanda de nuestras exportaciones manufactureras, menos remesas e inversión extranjera. Segundo, se desplomó la producción petrolera a pesar de una inversión en Pemex de 2001 a 2009 cercana a los 115 mil millones de dólares. La balanza comercial petrolera (exportaciones de crudo menos importaciones de petrolífieros, sin incluir la importación de bienes de capital) está apenas en equilibrio y de seguir así pronto será deficitaria. Esto implica que el nivel actual de gasto público ya no puede financiarse.
De leer este balance simplificado y abreviado del estado que guarda el financiamiento y los resultados obtenidos a favor del pacto social, el punto es claro: se requiere de un pacto político para poder financiar al pacto social del Estado mexicano con menos ingresos petroleros. Ya no es opción, necesitamos una reforma integral de la hacienda pública dentro de un marco diferente. Ello exige que el pacto político abandone el modelo de clientelas y se base en uno de ciudadanos en el que todos contribuimos.
Que este compromiso de cumplir con el erario tenga como contraparte el combate a la pobreza a través del modelo de formación de capital humano que marca nuestra Constitución. Ese es el sentido de las reformas estructurales que tanto necesitamos, pero que no concretamos por el gran temor fundado de que en México se privatizan y concentran ganancias a costa de socializar pérdidas. Ya no hay opción, es cuestión de supervivencia.
Fuente: El Universal
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