- El proyecto busca devolver a la Presidencia la facultad de designar directamente al titular de la Fiscalía General, que volverá a depender del Ejecutivo. En los Estados, los gobernadores también nombrarán a sus fiscales
Zedryk Raziel - México - El País
El Gobierno de Claudia Sheinbaum prepara una reforma de gran calado a las fiscalías, que devuelve al Ejecutivo federal y de los Estados el poder para designar a los titulares de esas instituciones. La reforma, cuyos detalles han sido confirmados por EL PAÍS con fuentes del Congreso y la Presidencia, incluye a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías de los 32 Estados del país. El cambio cualitativo significa un regreso a la época en que el presidente o gobernador de turno designaba directamente a su fiscal, antes llamado procurador. Esa facultad discrecional también le permitía relevarlo de sus funciones, como a cualquier otro secretario de Gobierno bajo su autoridad. En esas condiciones, el procurador solía estar profundamente vinculado al mandatario o a un partido, y en muchos casos actuaba en concierto con la agenda política del momento.
Hace una década, se modificó la Constitución para dotar a las fiscalías de independencia respecto del Ejecutivo. Parte de la reforma incluyó cambiar el proceso de designación de sus titulares, en el que el Senado adquirió un rol fundamental. Otra medida fue extender el periodo en el cargo de los fiscales para que fuesen transexenales, es decir, que durasen más allá del término del mandatario en turno y no estuviesen sujetos a los cambios políticos. Morena argumenta ahora que esa autonomía se ha convertido en un lastre para la procuración de justicia, pues algunos fiscales, muy ligados a mandatarios de oposición, juegan en contra de los nuevos gobiernos y frustran el combate a las redes de corrupción.
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