Jorge Volpi - El Siglo de Durango
Centrémonos solo en el asunto más grave: la justicia penal. En México - lo sabemos- se resuelve apenas el 0.5 por ciento de los delitos que se denuncian. Se impone, tampoco hay duda, reformar drásticamente un sistema que, con medio millón de muertes violentas y ciento veinticinco mil desaparecidos desde que Calderón lanzara la guerra contra el narco en 2006, garantiza una impunidad casi absoluta para los perpetradores y una obscena vulnerabilidad para las víctimas. ¿El experimento López Obrador-Sheinbaum, que en unos días producirá la elección masiva de jueces, mejorará así sea en una mínima medida esta descorazonadora situación?
Las razones de la catástrofe son múltiples: nuestro sistema penal, con sus variados y contradictorios ordenamientos, está mal diseñado; el modelo acusatorio, que en teoría debía ser un gran avance, ha sido mal implementado; las policías y los peritos están mal pagados y preparados en un marco legal lleno de lagunas; los ministerios públicos y las fiscalías padecen un sinfín de trabas burocráticas y presiones políticas, así como los constantes amagos del crimen organizado; la corrupción continúa alcanzando todos los niveles; el aumento de los supuestos para la prisión preventiva oficiosa viola sistemáticamente la presunción de inocencia; numerosos jueces son incapaces de escapar de la más ciega interpretación de la ley; y, dígase lo que se diga, la tortura y las violaciones a los derechos todavía son práctica común en incontables ocasiones.
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