Jorge Chabat / El Universal
Una de las tradiciones más arraigadas en México es culpar al árbitro cuando uno no gana. El ver a la autoridad como un actor parcial que favorece siempre al más poderoso o al más corrupto es parte de la cultura nacional. Se presenta lo mismo en los deportes, en la impartición de justicia y en la política. En ese sentido, uno de los personajes más acabados en la lucha libre mexicana es el réferi que favorece a los “rudos”. Finalmente, ello refleja uno de los traumas nacionales: la percepción de que la autoridad perjudica al más débil e indefenso. Ello explica, desde luego, la gran desconfianza hacia el Estado y la dificultad para construir un Estado de derecho en el país.
Ello explica también por qué muchas protestas ejercidas fuera de los cauces institucionales, que en otros países serían vistas como una anomalía, en México gozan de simpatía popular. Eso es en parte porque los mecanismos legales de solución de conflictos funcionan mal y en parte porque existe todavía la percepción en la población de que las protestas extrainstitucionales son casi siempre legítimas. Por ello, las acusaciones de López Obrador y del PRD a la autoridad electoral de parcialidad en 2006 tuvieron la simpatía de una parte de la población. Finalmente, aunque no hubiera evidencia como tal de un fraude electoral, la historia en ese sentido es tan abundante que dicha acusación fue creíble —y lo sigue siendo— para una parte de la opinión pública.
No obstante lo anterior, lo que llama la atención es que el PRI había sido hasta hace poco el único partido que siempre apelaba al respeto a las instituciones. Muchos dirán que era porque finalmente las instituciones favorecían siempre a ese partido. Y ciertamente los ejemplos en ese sentido abundan: baste recordar la calificación de la elección de 1988 por los mecanismos institucionales establecidos —la Cámara de Diputados— en la cual se dio la victoria a Salinas de Gortari a pesar de la evidencia visible de alteración del proceso electoral.
Llama la atención también que en la elección de 2000 el PRI haya acatado el resultado electoral que le quitaba la Presidencia de la República sin chistar demasiado. Probablemente debido a que los priístas no tenían plan “B” en caso de que perdieran y porque el margen de ventaja de Fox fue lo suficientemente amplio para deslegitimar cualquier protesta. También llama la atención que en la elección de 2006 haya sido el PRI el que haya dado su apoyo al proceso electoral, lo cual permitió la toma de posesión —entre gritos y sombrerazos perredistas— de Felipe Calderón. Incluso el PRI ha venido presumiendo, con cierta razón, que fue gracias a su comportamiento institucional que Calderón pudo asumir la Presidencia. Más de alguno dirá que el apego a la institucionalidad se explica porque el PRI había quedado en tercer lugar, muy por debajo del PAN y el PRD, y que no tenía mucha base para reclamar victoria alguna.
Sin embargo, el panorama luce diferente en el 2012 para el PRI. Ahora va arriba en las encuestas y, como dice el comercial del Melate, “ya se vió” en Los Pinos. De alguna forma la situación es muy similar a la de López Obrador en 2006, quien ya se hacía en la Presidencia. Por ello el PRI reacciona de manera muy airada ante todo lo que parezca que pueda amenazar su inminente triunfo. Ello explicaría la demanda de Pedro Joaquín Coldwell al IFE de que ponga “piso parejo” a todos los precandidatos, al permitir la propaganda de los precandidatos panistas y no la del precandidato único priísta. Y, ciertamente, parecería que el que los precandidatos albiazules aparezcan todos los días en los medios electrónicos les puede dar ventaja quien resulte finalmente la candidata del PAN, pero esas fueron las reglas del juego que los propios partidos aprobaron en el 2007. Entonces, ¿a qué viene ahora la protesta? Probablemente sea sólo una manera de salvar la cara ante los priístas y no va a tener ninguna consecuencia posterior. Pero también puede ser una preparación de una protesta poselectoral en caso de que el PRI pierda. Curiosamente, quien había sido el campeón de las protestas extrainstitucionales, López Obrador, ahora ha acatado las reglas del IFE. Algo habrá aprendido después de 2006. Por eso llama la atención la conducta del PRI. ¿Estamos frente a un nuevo conflicto como el de 2006, ahora con tintes tricolores? Ojalá y no. Sería demasiada mala suerte.
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Una de las tradiciones más arraigadas en México es culpar al árbitro cuando uno no gana. El ver a la autoridad como un actor parcial que favorece siempre al más poderoso o al más corrupto es parte de la cultura nacional. Se presenta lo mismo en los deportes, en la impartición de justicia y en la política. En ese sentido, uno de los personajes más acabados en la lucha libre mexicana es el réferi que favorece a los “rudos”. Finalmente, ello refleja uno de los traumas nacionales: la percepción de que la autoridad perjudica al más débil e indefenso. Ello explica, desde luego, la gran desconfianza hacia el Estado y la dificultad para construir un Estado de derecho en el país.
Ello explica también por qué muchas protestas ejercidas fuera de los cauces institucionales, que en otros países serían vistas como una anomalía, en México gozan de simpatía popular. Eso es en parte porque los mecanismos legales de solución de conflictos funcionan mal y en parte porque existe todavía la percepción en la población de que las protestas extrainstitucionales son casi siempre legítimas. Por ello, las acusaciones de López Obrador y del PRD a la autoridad electoral de parcialidad en 2006 tuvieron la simpatía de una parte de la población. Finalmente, aunque no hubiera evidencia como tal de un fraude electoral, la historia en ese sentido es tan abundante que dicha acusación fue creíble —y lo sigue siendo— para una parte de la opinión pública.
No obstante lo anterior, lo que llama la atención es que el PRI había sido hasta hace poco el único partido que siempre apelaba al respeto a las instituciones. Muchos dirán que era porque finalmente las instituciones favorecían siempre a ese partido. Y ciertamente los ejemplos en ese sentido abundan: baste recordar la calificación de la elección de 1988 por los mecanismos institucionales establecidos —la Cámara de Diputados— en la cual se dio la victoria a Salinas de Gortari a pesar de la evidencia visible de alteración del proceso electoral.
Llama la atención también que en la elección de 2000 el PRI haya acatado el resultado electoral que le quitaba la Presidencia de la República sin chistar demasiado. Probablemente debido a que los priístas no tenían plan “B” en caso de que perdieran y porque el margen de ventaja de Fox fue lo suficientemente amplio para deslegitimar cualquier protesta. También llama la atención que en la elección de 2006 haya sido el PRI el que haya dado su apoyo al proceso electoral, lo cual permitió la toma de posesión —entre gritos y sombrerazos perredistas— de Felipe Calderón. Incluso el PRI ha venido presumiendo, con cierta razón, que fue gracias a su comportamiento institucional que Calderón pudo asumir la Presidencia. Más de alguno dirá que el apego a la institucionalidad se explica porque el PRI había quedado en tercer lugar, muy por debajo del PAN y el PRD, y que no tenía mucha base para reclamar victoria alguna.
Sin embargo, el panorama luce diferente en el 2012 para el PRI. Ahora va arriba en las encuestas y, como dice el comercial del Melate, “ya se vió” en Los Pinos. De alguna forma la situación es muy similar a la de López Obrador en 2006, quien ya se hacía en la Presidencia. Por ello el PRI reacciona de manera muy airada ante todo lo que parezca que pueda amenazar su inminente triunfo. Ello explicaría la demanda de Pedro Joaquín Coldwell al IFE de que ponga “piso parejo” a todos los precandidatos, al permitir la propaganda de los precandidatos panistas y no la del precandidato único priísta. Y, ciertamente, parecería que el que los precandidatos albiazules aparezcan todos los días en los medios electrónicos les puede dar ventaja quien resulte finalmente la candidata del PAN, pero esas fueron las reglas del juego que los propios partidos aprobaron en el 2007. Entonces, ¿a qué viene ahora la protesta? Probablemente sea sólo una manera de salvar la cara ante los priístas y no va a tener ninguna consecuencia posterior. Pero también puede ser una preparación de una protesta poselectoral en caso de que el PRI pierda. Curiosamente, quien había sido el campeón de las protestas extrainstitucionales, López Obrador, ahora ha acatado las reglas del IFE. Algo habrá aprendido después de 2006. Por eso llama la atención la conducta del PRI. ¿Estamos frente a un nuevo conflicto como el de 2006, ahora con tintes tricolores? Ojalá y no. Sería demasiada mala suerte.
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