Guillermo Knochenhauer / El Financiero
Llevar agua y despensas a las zonas rurales afectadas por la sequía y hacer más expedita la entrega de recursos de diversos programas, es lo sustancial de las medidas anunciadas el martes por el presidente Calderón para afrontar la emergencia ambiental en más de la mitad del territorio nacional. El esfuerzo se justifica ante el riesgo inminente de muerte de personas por sed y hambre, como lo aclaró Calderón; lo que no se justifica es haber dejado que el país llegara a tal emergencia.
Desde noviembre de 2010, la Sagarpa le ha dado mayor impulso a la difusión de seguros contra catástrofes para afrontar los riesgos ambientales, a la agricultura por contrato y a las coberturas de precios para amortiguar la volatilidad de los mercados, pero nada o muy poco se ha hecho ante los problemas de fondo.
Éstos son de dos tipos: el cambio climático y la deforestación del territorio, que son las causas de origen de la sequía, la cual se agrava por la contaminación y sobreexplotación de mantos freáticos. El otro tipo de problemas deriva de la apuesta por la dependencia alimentaria del mercado externo, que causa la subutilización de tierra, agua, variedades de semillas, investigadores y técnicos.
La buena noticia es que son recursos disponibles, que si se pusieran a trabajar en una misma dirección, bastarían para recuperar la soberanía alimentaria del país y sería una contribución, la más efectiva posible, contra la pobreza rural. Para movilizar esos recursos, se tendrían que diseñar las políticas agroalimentarias, asumiendo las cambiantes condiciones ambientales como criterio dominante sobre las "ventajas comparativas" de la lógica mercantil.
El doctor Antonio Turrent, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), presentó un diagnóstico y propuestas a la Academia Mexicana de Ciencias en el que sostiene que la adaptación de la producción de alimentos al cambio climático tiene dos variables tecnológicas cruciales: asegurar la disponibilidad de agua para los cultivos y desarrollar variedades tolerantes al calor extremo y a la sequía, sin menoscabo de la biodiversidad como el que causarían las semillas transgénicas.
Se requieren esos apoyos técnicos para aprovechar reservas de tierras de labor que están actualmente subutilizadas por dos causas principales: la ganadería extensiva y la falta de infraestructura de riego.
Hay nueve millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva, que deberían "ser rescatadas con sistemas agropecuarios intensivos en los que el ganado fuera mayormente estabulado y la tierra dedicada a pasturas y granos".
La otra gran reserva de tierra subaprovechada, la conforman 2.5 millones de hectáreas que sólo se siembran en temporal en ocho estados del sur sureste de la República, a pesar de que en esas entidades están las únicas reservas de agua dulce del país.
En esa región se acumula y escurre al mar el 67 por ciento del agua de lluvia, prácticamente sin aprovechamiento agrícola. Hay consenso mundial de que la mejor adaptación al cambio climático en los países que tienen reservas de agua dulce, es el aumento en su superficie bajo riego.
Con canales de riego, esos 2.5 millones de hectáreas triplicarían sus rendimientos y tendrían dos ciclos de cultivo al año. Si se sembraran de maíz, por dar un ejemplo, la producción nacional pasaría de 22 a 55 millones de toneladas.
Además, el sureste tiene un régimen de temperaturas benignas, a salvo de heladas como las que asolan al centro, oriente, occidente y norte del país, que el año pasado causaron las mayores pérdidas de maíz en Sinaloa.
Hay técnicas para cultivar sin tierra, pero no se ha inventado ninguna para producir alimentos sin agua, y la escasez de ese elemento es la mayor amenaza del cambio climático a la agricultura.
Desde 1990, el INIFAP ha planteado la conveniencia de canalizar la reserva de agua del sureste a la agricultura de la región, sin que hasta la fecha se haya hecho nada.
Ya nos alcanzó el cambio climático, el aumento incontrolado de precios internacionales de los alimentos, el riesgo de que miles de indígenas mueran de sed y de que el hambre apriete en las colonias populares de las ciudades, donde el precio de la tortilla y de los frijoles ha aumentado 50 por ciento en un año.
El campo y los campesinos mexicanos están subempleados, en espera de las políticas y de las inversiones requeridas para hacer un uso racional de los recursos.
Llevar agua y despensas a las zonas rurales afectadas por la sequía y hacer más expedita la entrega de recursos de diversos programas, es lo sustancial de las medidas anunciadas el martes por el presidente Calderón para afrontar la emergencia ambiental en más de la mitad del territorio nacional. El esfuerzo se justifica ante el riesgo inminente de muerte de personas por sed y hambre, como lo aclaró Calderón; lo que no se justifica es haber dejado que el país llegara a tal emergencia.
Desde noviembre de 2010, la Sagarpa le ha dado mayor impulso a la difusión de seguros contra catástrofes para afrontar los riesgos ambientales, a la agricultura por contrato y a las coberturas de precios para amortiguar la volatilidad de los mercados, pero nada o muy poco se ha hecho ante los problemas de fondo.
Éstos son de dos tipos: el cambio climático y la deforestación del territorio, que son las causas de origen de la sequía, la cual se agrava por la contaminación y sobreexplotación de mantos freáticos. El otro tipo de problemas deriva de la apuesta por la dependencia alimentaria del mercado externo, que causa la subutilización de tierra, agua, variedades de semillas, investigadores y técnicos.
La buena noticia es que son recursos disponibles, que si se pusieran a trabajar en una misma dirección, bastarían para recuperar la soberanía alimentaria del país y sería una contribución, la más efectiva posible, contra la pobreza rural. Para movilizar esos recursos, se tendrían que diseñar las políticas agroalimentarias, asumiendo las cambiantes condiciones ambientales como criterio dominante sobre las "ventajas comparativas" de la lógica mercantil.
El doctor Antonio Turrent, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), presentó un diagnóstico y propuestas a la Academia Mexicana de Ciencias en el que sostiene que la adaptación de la producción de alimentos al cambio climático tiene dos variables tecnológicas cruciales: asegurar la disponibilidad de agua para los cultivos y desarrollar variedades tolerantes al calor extremo y a la sequía, sin menoscabo de la biodiversidad como el que causarían las semillas transgénicas.
Se requieren esos apoyos técnicos para aprovechar reservas de tierras de labor que están actualmente subutilizadas por dos causas principales: la ganadería extensiva y la falta de infraestructura de riego.
Hay nueve millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva, que deberían "ser rescatadas con sistemas agropecuarios intensivos en los que el ganado fuera mayormente estabulado y la tierra dedicada a pasturas y granos".
La otra gran reserva de tierra subaprovechada, la conforman 2.5 millones de hectáreas que sólo se siembran en temporal en ocho estados del sur sureste de la República, a pesar de que en esas entidades están las únicas reservas de agua dulce del país.
En esa región se acumula y escurre al mar el 67 por ciento del agua de lluvia, prácticamente sin aprovechamiento agrícola. Hay consenso mundial de que la mejor adaptación al cambio climático en los países que tienen reservas de agua dulce, es el aumento en su superficie bajo riego.
Con canales de riego, esos 2.5 millones de hectáreas triplicarían sus rendimientos y tendrían dos ciclos de cultivo al año. Si se sembraran de maíz, por dar un ejemplo, la producción nacional pasaría de 22 a 55 millones de toneladas.
Además, el sureste tiene un régimen de temperaturas benignas, a salvo de heladas como las que asolan al centro, oriente, occidente y norte del país, que el año pasado causaron las mayores pérdidas de maíz en Sinaloa.
Hay técnicas para cultivar sin tierra, pero no se ha inventado ninguna para producir alimentos sin agua, y la escasez de ese elemento es la mayor amenaza del cambio climático a la agricultura.
Desde 1990, el INIFAP ha planteado la conveniencia de canalizar la reserva de agua del sureste a la agricultura de la región, sin que hasta la fecha se haya hecho nada.
Ya nos alcanzó el cambio climático, el aumento incontrolado de precios internacionales de los alimentos, el riesgo de que miles de indígenas mueran de sed y de que el hambre apriete en las colonias populares de las ciudades, donde el precio de la tortilla y de los frijoles ha aumentado 50 por ciento en un año.
El campo y los campesinos mexicanos están subempleados, en espera de las políticas y de las inversiones requeridas para hacer un uso racional de los recursos.
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