martes, 24 de enero de 2012

¿ECONOMÍA MILAGRO?

Francisco Rojas / El Universal
La propuesta económica que predica Andrés Manuel López Obrador podría parecer atractiva en algunos objetivos, pero es al parecer insuficiente y contradictoria en su instrumentación. En un ejemplo de que prometer no empobrece, se pronuncia por generar 7 millones de empleos, fortalecer el mercado interno y estimular la inversión privada, uno de cuyos motores sería la inversión pública, pero al mismo tiempo propone una política fiscal sin déficit, sin endeudamiento ni más impuestos, la supresión del IETU y los privilegios fiscales.
El “nuevo equilibrio macroeconómico” sería excelente si fuera posible, pero sus objetivos son contradictorios. Para que no haya déficit fiscal —propuesta central del neoliberalismo— los gastos deben ser iguales o inferiores a los ingresos. Lograrlo sin más impuestos requiere férrea disciplina en el gasto público, lo que parece buscarse con un “gobierno austero y honesto”, que combatiría la corrupción y reduciría “gastos superfluos”, procurando ahorros por 600 mil millones de pesos, sin aclarar cuáles serían, ni cómo los lograrían; disminuir sueldos y prestaciones a los altos funcionarios no daría semejante monto.
Para que la economía crezca 6% anual, se generen un millón 200 mil empleos cada año, baje la pobreza en 13 millones de personas y se elimine la pobreza alimentaria, propone que la inversión pública y privada crezcan a tasa anual del 16%, cuando su crecimiento medio anual en este sexenio ha sido de 4.3% y el del sexenio anterior de 3.6%, y fortalecer el mercado interno aumentando salarios; suponemos, pues no lo dice, que todo esto se alcanzaría sin alzas de inflación ni desequilibrios en la balanza de pagos.
Estos crecimientos anuales de la inversión se han dado en China e India en circunstancias diferentes; aquí se pretende lograrlos con varias medidas inmediatistas como: reducción de precios de insumos clave como la energía y la infraestructura y con grandes proyectos públicos, que implicarían mayor gasto público vía subsidios o inversiones de un fisco que sólo recauda alrededor de 9% del PIB, pese al incremento en las tasas impositivas y la implantación de nuevos gravámenes, principalmente en este sexenio.
La propuesta incluye eliminar “privilegios fiscales” y eso suena muy bien, pues a cualquier causante le incomoda saber que hay privilegiados; pero si por privilegios se entienden los llamados Gastos Fiscales, la mayor parte de estos, 300 mil millones de pesos, se refieren a: no gravar con IVA alimentos y medicinas, exentar a los trabajadores de bajos salarios y subsidiar la gasolina. Eliminar estos rubros afectaría el ingreso de la población y el mercado interno y elevaría los precios, lo que se contradice con la propuesta.
Si no hay aumento de impuestos y se deja de sangrar a Pemex para permitirle mayor inversión con recursos propios, no se entiende cómo se financiaría la inversión cuando la banca privada —de la que no se menciona cambio alguno— hace su principal negocio con los créditos al gobierno, al consumo y las comisiones. Tampoco se explicita el papel de la banca de desarrollo ni se menciona su reorganización y reactivación.
En resumen, aumentar el gasto público para lograr las descomunales tasas de inversión requeridas para crecer a 6% anual y crear los millones de empleos prometidos, disminuir la pobreza, subir salarios, no aumentar impuestos, no endeudarse, no causar inflación ni generar déficits en la balanza de pagos suena a “Economía Milagro”; ¿estaríamos ante una reedición de la multiplicación de los panes y los peces?
Ciertos objetivos de López Obrador son compartidos por algunas personas, pero no se debe tratar estos temas a la ligera y hacer promesas irresponsables e imposibles de cumplir; recordemos las que se hicieron en este sexenio sobre el empleo y otras áreas, y los resultados logrados. Además, no deben hacerse propuestas serias para la economía haciendo abstracción del incierto panorama internacional, ya que no somos una “isla blindada” inmune a lo que suceda en el resto del mundo. Las propuestas electorales deben ser constructivas, serias y responsables.

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