Marco Provencio / Milenio
Desde 2002, la Cámara de Diputados instruyó a la Secretaría de Hacienda calcular año con año el monto de impuestos que dejaba de percibir por los tratamientos fiscales diferenciales. En otras palabras, a manera de ejemplos, cuánto pierde el fisco por permitir la deducción de 12.5 por ciento (%) del consumo en restaurantes o por los donativos de personas o empresas en favor de donatarias autorizadas; cuánto pierde por la deducción de honorarios médicos o gastos funerarios, o por la existencia en la frontera de una tasa menor de IVA o por la exención de dicho impuesto a libros, periódicos y demás.
Los primeros datos en esos años eran de escándalo: los tratamientos fiscales de privilegio o excepción costaban al fisco el equivalente a 5.3% del PIB, o sea, para efectos prácticos, la mitad de lo que el país recaudaba entonces y sigue recaudando ahora por concepto de impuestos. Con todas sus suposiciones y asegunes, contar con una aproximación del llamado “presupuesto de gastos fiscales” debiera ser cuando menos un acicate para que con el tiempo se fueran tapando.
Varios años después, para 2009, como resultado principalmente de la introducción del IETU como impuesto de control en materia de ISR, los gastos fiscales ascendían a un aproximado de 3.9% del PIB, o sea una cuarta parte menos que en 2002 pero aún extraordinariamente altos como porcentaje de la economía y sobre todo de la recaudación total.
Ahora, cuando la supuesta ortodoxia política y el desazón que priva en el país dirían que no es momento para plantear cambios de fondo al marco fiscal, es de reconocerse el trabajo de varios meses de un grupo liderado por senadores del PRI y la iniciativa de éstos por presentar una de las más amplias propuestas de reforma al marco fiscal en los últimos años. Sin importar que en algunos temas se quede corta de lo que se necesita, la iniciativa es relevante desde varios ángulos.
Primero, avanza en la necesidad de que los ingresos públicos se recarguen relativamente más en los impuestos al consumo y por lo tanto menos en los impuestos al ingreso, lo que automáticamente amplia la base de contribuyentes. Hay millones de mexicanos que si no contribuyen al gasto público vía los impuestos indirectos no habrá forma alguna de que lo hagan. Segundo, genera incentivos en favor de la formalidad, acotando de alguna manera la desarticulada multiplicación de programas y medidas sociales que vistos cada uno en lo individual pueden ser programas o medidas justificables, pero que con los años, al analizarlos en su conjunto, se ha comprobado que lo que hacen es ampliar y dar mayor vida al cáncer de la informalidad económica en el país. Tercero, la iniciativa corrige la desproporción actual en el ISR de personas físicas, incorporando un elemento de progresividad que, cuando menos desde el punto de vista de la justicia social, es claramente más acorde con las realidades y necesidades del país.
La iniciativa se queda corta porque en aras de hacerse políticamente viable se vulnera una parte del impuesto al consumo mediante el esquema propuesto de la devolución de 3% de IVA. En todo caso, la tasa debería aumentar a 19% y conceder el regreso de esos 3 puntos a quienes estén en la formalidad para que éstos no tuvieran afectación alguna. Se queda corta también por ese ánimo irresistible de ser políticamente correcta y no gravar con IVA a los libros, los periódicos o las colegiaturas, independientemente del decreto reciente que hace de éstas u gasto deducible de impuestos. Y se queda corta porque no abunda en el destino de los recursos extras que dice generar ni incentiva de manera suficiente la inversión y la creación de empleos. ¿Merece por ello la reacción despectiva de PAN, PRD e incluso de la propia Hacienda? De ninguna manera. Merecería análisis a fondo y no adjetivos, visión de largo plazo y no miopías cortoplacistas, discusión en foros serios y no soundbytes televisivos.
Pero el 2012 llegó hace tiempo. Pese a los discursos, el futuro del país importa poco, pues el presente del poder importa más; con tal de justificar posiciones, ya no sólo los partidos sino hasta ahora la propia Hacienda manipula los números (como decir, por ejemplo, que la iniciativa genera pérdida en recaudación por mantener en tasa cero los alimentos de la canasta básica —cuando ya están ahí— o por bajar la tasa del ISR de 30 a 25% —cuando la Ley del ISR ya prevé una disminución de la tasa a 28% a partir del próximo año). Con el incentivo de que cualquier cambio no entraría en vigor sino hasta 2013 (¡hasta 2013! a veces cuesta trabajo pensar que llegaremos hasta ahí), ¿no hay forma de una discusión seria?
Desde 2002, la Cámara de Diputados instruyó a la Secretaría de Hacienda calcular año con año el monto de impuestos que dejaba de percibir por los tratamientos fiscales diferenciales. En otras palabras, a manera de ejemplos, cuánto pierde el fisco por permitir la deducción de 12.5 por ciento (%) del consumo en restaurantes o por los donativos de personas o empresas en favor de donatarias autorizadas; cuánto pierde por la deducción de honorarios médicos o gastos funerarios, o por la existencia en la frontera de una tasa menor de IVA o por la exención de dicho impuesto a libros, periódicos y demás.
Los primeros datos en esos años eran de escándalo: los tratamientos fiscales de privilegio o excepción costaban al fisco el equivalente a 5.3% del PIB, o sea, para efectos prácticos, la mitad de lo que el país recaudaba entonces y sigue recaudando ahora por concepto de impuestos. Con todas sus suposiciones y asegunes, contar con una aproximación del llamado “presupuesto de gastos fiscales” debiera ser cuando menos un acicate para que con el tiempo se fueran tapando.
Varios años después, para 2009, como resultado principalmente de la introducción del IETU como impuesto de control en materia de ISR, los gastos fiscales ascendían a un aproximado de 3.9% del PIB, o sea una cuarta parte menos que en 2002 pero aún extraordinariamente altos como porcentaje de la economía y sobre todo de la recaudación total.
Ahora, cuando la supuesta ortodoxia política y el desazón que priva en el país dirían que no es momento para plantear cambios de fondo al marco fiscal, es de reconocerse el trabajo de varios meses de un grupo liderado por senadores del PRI y la iniciativa de éstos por presentar una de las más amplias propuestas de reforma al marco fiscal en los últimos años. Sin importar que en algunos temas se quede corta de lo que se necesita, la iniciativa es relevante desde varios ángulos.
Primero, avanza en la necesidad de que los ingresos públicos se recarguen relativamente más en los impuestos al consumo y por lo tanto menos en los impuestos al ingreso, lo que automáticamente amplia la base de contribuyentes. Hay millones de mexicanos que si no contribuyen al gasto público vía los impuestos indirectos no habrá forma alguna de que lo hagan. Segundo, genera incentivos en favor de la formalidad, acotando de alguna manera la desarticulada multiplicación de programas y medidas sociales que vistos cada uno en lo individual pueden ser programas o medidas justificables, pero que con los años, al analizarlos en su conjunto, se ha comprobado que lo que hacen es ampliar y dar mayor vida al cáncer de la informalidad económica en el país. Tercero, la iniciativa corrige la desproporción actual en el ISR de personas físicas, incorporando un elemento de progresividad que, cuando menos desde el punto de vista de la justicia social, es claramente más acorde con las realidades y necesidades del país.
La iniciativa se queda corta porque en aras de hacerse políticamente viable se vulnera una parte del impuesto al consumo mediante el esquema propuesto de la devolución de 3% de IVA. En todo caso, la tasa debería aumentar a 19% y conceder el regreso de esos 3 puntos a quienes estén en la formalidad para que éstos no tuvieran afectación alguna. Se queda corta también por ese ánimo irresistible de ser políticamente correcta y no gravar con IVA a los libros, los periódicos o las colegiaturas, independientemente del decreto reciente que hace de éstas u gasto deducible de impuestos. Y se queda corta porque no abunda en el destino de los recursos extras que dice generar ni incentiva de manera suficiente la inversión y la creación de empleos. ¿Merece por ello la reacción despectiva de PAN, PRD e incluso de la propia Hacienda? De ninguna manera. Merecería análisis a fondo y no adjetivos, visión de largo plazo y no miopías cortoplacistas, discusión en foros serios y no soundbytes televisivos.
Pero el 2012 llegó hace tiempo. Pese a los discursos, el futuro del país importa poco, pues el presente del poder importa más; con tal de justificar posiciones, ya no sólo los partidos sino hasta ahora la propia Hacienda manipula los números (como decir, por ejemplo, que la iniciativa genera pérdida en recaudación por mantener en tasa cero los alimentos de la canasta básica —cuando ya están ahí— o por bajar la tasa del ISR de 30 a 25% —cuando la Ley del ISR ya prevé una disminución de la tasa a 28% a partir del próximo año). Con el incentivo de que cualquier cambio no entraría en vigor sino hasta 2013 (¡hasta 2013! a veces cuesta trabajo pensar que llegaremos hasta ahí), ¿no hay forma de una discusión seria?
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