Rogelio Ramírez de la O / El Universal
La confrontación Televisa-Telmex nunca se hubiera presentado si se hubiera aprobado la iniciativa de ley procompetencia de López Obrador. Esta iniciativa se desprendió de los temas incluidos en su proyecto económico. Pensando que los partidos eran la vía institucional para intentar su aprobación, López Obrador la envió a la fracción del PRD en el Senado desde fines de 2006.
Yo elaboré este proyecto con la coautoría de Adolfo Hellmund y Luis Pérez de Acha, como Iniciativa de Ley de Precios Competitivos. El PRD en el Senado no la llevó a discusión del pleno, quizás porque no entendió su importancia.
Pero su vigencia es más actual que nunca, pues prevé la desregulación y apertura de sectores de alta concentración al haber precios significativamente mayores a los internacionales. Los sectores hoy en disputa estarían abiertos, no sólo para las empresas que hoy los disputan, sino para cualquier otro participante.
Abordar el problema del monopolio por una vía paralela a la que hoy contempla el régimen de competencia existente desde 1993 y poco exitoso en reducir los abusos de precios es factible mediante un marco regulatorio enfocado en los precios de sectores de alta concentración.
En la teoría más básica de mercados de competencia cuando los precios son altos atraen a nuevos competidores, con lo cual los precios regresan a un nivel normal. Esto, siendo tan simple, en México no sucede. El régimen actual se enfoca sobre prácticas de empresas y no sobre los precios. Y las prácticas se comprueban mediante procedimientos lentos en el intrincado sistema judicial. De ahí que muchos juicios, por ejemplo para establecer la dominancia en mercados, le lleven años a la Comisión de Competencia. Tampoco reconoce el régimen actual el problema estructural del monopolio ni parece tomar en cuenta que los precios exagerados son un indicador poderoso de fuerzas monopólicas.
En México los precios exagerados reducen la capacidad de crecimiento de la economía entre dos y tres puntos porcentuales cada año. Puesto en otras palabras, si de repente un grupo de aproximadamente 20 precios en sectores de gran importancia (energía, televisión, telecomunicaciones, transportes, cemento y servicios bancarios, entre otros) fueran no muy superiores a los internacionales, la economía recibiría una inyección de adrenalina y levantaría su curva de producción. Esto, porque muchos productos que hoy no es rentable producir serían rentables al tener insumos competitivos. También, porque los menores precios aumentarían la capacidad de consumo de las familias y con ello la inversión de las empresas. La exportación mexicana sería más barata y más rentable.
De vuelta a la realidad actual, la parálisis institucional y el entramado jurídico que hoy atrofia la competencia aseguran márgenes de utilidad de 30% y 40% para muchos de estos sectores y reducen el ingreso disponible de la masa de consumidores. No es casualidad que la mayoría de empresas más exitosas en mercados de alta concentración no son exportadoras. Esta es una de las principales razones del pobre crecimiento de México.
No es buena señal que grandes grupos empresariales aleguen violaciones a normas y reglas de mercado de otros grupos y que sean ignorados por el gobierno, pues ello sólo indica la ausencia de una política y de convicción gubernamental. Eso mina aún más la confianza, pues deja claro que si las empresas poderosas enfrentan barreras, para la mayoría de competidores esto es una jungla. En 2012 México habrá perdido otros seis años sin poder corregir los precios exagerados.
La confrontación Televisa-Telmex nunca se hubiera presentado si se hubiera aprobado la iniciativa de ley procompetencia de López Obrador. Esta iniciativa se desprendió de los temas incluidos en su proyecto económico. Pensando que los partidos eran la vía institucional para intentar su aprobación, López Obrador la envió a la fracción del PRD en el Senado desde fines de 2006.
Yo elaboré este proyecto con la coautoría de Adolfo Hellmund y Luis Pérez de Acha, como Iniciativa de Ley de Precios Competitivos. El PRD en el Senado no la llevó a discusión del pleno, quizás porque no entendió su importancia.
Pero su vigencia es más actual que nunca, pues prevé la desregulación y apertura de sectores de alta concentración al haber precios significativamente mayores a los internacionales. Los sectores hoy en disputa estarían abiertos, no sólo para las empresas que hoy los disputan, sino para cualquier otro participante.
Abordar el problema del monopolio por una vía paralela a la que hoy contempla el régimen de competencia existente desde 1993 y poco exitoso en reducir los abusos de precios es factible mediante un marco regulatorio enfocado en los precios de sectores de alta concentración.
En la teoría más básica de mercados de competencia cuando los precios son altos atraen a nuevos competidores, con lo cual los precios regresan a un nivel normal. Esto, siendo tan simple, en México no sucede. El régimen actual se enfoca sobre prácticas de empresas y no sobre los precios. Y las prácticas se comprueban mediante procedimientos lentos en el intrincado sistema judicial. De ahí que muchos juicios, por ejemplo para establecer la dominancia en mercados, le lleven años a la Comisión de Competencia. Tampoco reconoce el régimen actual el problema estructural del monopolio ni parece tomar en cuenta que los precios exagerados son un indicador poderoso de fuerzas monopólicas.
En México los precios exagerados reducen la capacidad de crecimiento de la economía entre dos y tres puntos porcentuales cada año. Puesto en otras palabras, si de repente un grupo de aproximadamente 20 precios en sectores de gran importancia (energía, televisión, telecomunicaciones, transportes, cemento y servicios bancarios, entre otros) fueran no muy superiores a los internacionales, la economía recibiría una inyección de adrenalina y levantaría su curva de producción. Esto, porque muchos productos que hoy no es rentable producir serían rentables al tener insumos competitivos. También, porque los menores precios aumentarían la capacidad de consumo de las familias y con ello la inversión de las empresas. La exportación mexicana sería más barata y más rentable.
De vuelta a la realidad actual, la parálisis institucional y el entramado jurídico que hoy atrofia la competencia aseguran márgenes de utilidad de 30% y 40% para muchos de estos sectores y reducen el ingreso disponible de la masa de consumidores. No es casualidad que la mayoría de empresas más exitosas en mercados de alta concentración no son exportadoras. Esta es una de las principales razones del pobre crecimiento de México.
No es buena señal que grandes grupos empresariales aleguen violaciones a normas y reglas de mercado de otros grupos y que sean ignorados por el gobierno, pues ello sólo indica la ausencia de una política y de convicción gubernamental. Eso mina aún más la confianza, pues deja claro que si las empresas poderosas enfrentan barreras, para la mayoría de competidores esto es una jungla. En 2012 México habrá perdido otros seis años sin poder corregir los precios exagerados.
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