Mario Maldonado - El Universal Online
A cuatro meses de otro golpe que evidenció la fragilidad institucional de Pemex, la justicia estadounidense procesa en Texas a los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, acusados de pagar sobornos en efectivo y con artículos de lujo a funcionarios de Pemex Exploración y Producción para obtener contratos por al menos 2.5 millones de dólares entre 2019 y 2021. El esquema incluyó empresas registradas en Tabasco y Campeche, y el involucramiento directo de por lo menos un alto mando de auditoría interna de PEP.
En abril pasado fueron detenidos en Utah integrantes de la familia Jensen por contrabandear combustible robado de Pemex hacia Estados Unidos. La fiscalía los vincula con una red de huachicol que habría movido casi 3 mil cargamentos ilegales, valorados en 300 millones de dólares, con apoyo de contactos dentro de la petrolera y la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Aunque uno está relacionado con contratos amañados y el otro en el robo físico de combustibles, ambos comparten un mismo denominador: la complicidad interna en Pemex y la participación de redes trasnacionales. Este es un recordatorio de que la corrupción y el crimen organizado siguen encontrando fisuras en la empresa más importante de México, pese a que el discurso oficial insiste en lo contrario.
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