Las acusaciones de corrupción del Mayo apuntan a los gobernadores de Sinaloa

• El Cartel de Sinaloa ha forjado durante décadas vínculos de complicidad con jefes y agentes de la Policía y la Fiscalía estatal

Dibujo de Mayo Zambada en el tribunal federal de Nueva York, el 25 de agosto. Jane Rosenberg (REUTERS)

Marcos Vizcarra Zedryk Raziel - Culiacán | México - El País

La comparecencia de Ismael El Mayo Zambada ante la justicia de Estados Unidos obliga a repasar las extrañas circunstancias en las que fue entregado a las autoridades del vecino del norte, en julio del año pasado. El veterano líder del Cartel de Sinaloa denunció que fue secuestrado, tras ser llevado con engaños por sus propios socios a una supuesta reunión en la que, le dijeron, estaría el gobernador del Estado, Rubén Rocha, de Morena. El objetivo, según la versión del capo, era resolver el añejo conflicto político entre el mandatario y Héctor Melesio Cuén, un personaje de larga trayectoria en Sinaloa y rival de Rocha, y quien también estaba convocado al cónclave. El gobernador nunca se apareció, y Melesio Cuén fue asesinado. La polémica envolvió a Rocha. El mandatario negó saber de ese encuentro, y dijo que le mintieron al narcotraficante sobre su asistencia. Rocha tenía una coartada: estaba fuera de México al momento de los sucesos, y fue cobijado por la cúpula de su partido y el Gobierno. La extraña mención a ambos políticos en la saga del Mayo revela al menos una cosa: la vinculación del narco con la política de altos vuelos en Sinaloa.

Otro elemento aportado por el mismo Zambada muestra la relación de funcionarios de Rocha con el Cartel de Sinaloa. Un integrante de su equipo de seguridad, José Rosario Heras López, era un agente activo de la Fiscalía del Estado. El hombre fue secuestrado y a la fecha continúa desaparecido. Otro elemento de la guardia pretoriana del Mayo, Rodolfo Cháidez, también desaparecido, fue policía de investigación de la misma institución, aunque había renunciado hace años. A todo ello hay que sumar que la propia Fiscalía estatal, en sus primeras investigaciones sobre el asesinato de Cuén, planteó una versión que intentaba desligar el crimen del sitio donde ocurrieron los hechos y de los personajes —los narcos— involucrados. Tuvo que intervenir la Fiscalía General de la República (FGR) para desbaratar aquella pantalla, no sin acusar expresamente que se trató de un intento por manipular la verdad.

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