Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto - Expreso
Contra viento y marea y a pesar de que en 2024 se le había negado en tres ocasiones la misma causa penal "por falta de elementos probatorios", la Fiscalía General de la República revivió, en medio de la crisis social y política que hoy vive el Gobierno federal por la violencia homicida en Michoacán y en todo México, el Caso Colosio y obtuvo, mediante presiones y amenazas a un juez federal, la orden de aprehensión que le permitió detener, el pasado 9 de noviembre, a José Antonio Sánchez Ortega, el exagente del Cisen que 31 años después es acusado de ser el "segundo tirador" contra el candidato presidencial asesinado en Lomas Taurinas en marzo de 1994.
La insistencia de la FGR, luego de tres fallos judiciales que le negaron y ratificaron la inconsistencia e insuficiencia de sus pruebas, no fue para nada casual y claramente el fiscal Alejandro Gertz Manero buscó retomar, en el momento más conveniente para la 4T y la presidenta Claudia Sheinbaum, un caso que claramente se convierte en un distractor a modo del régimen, una suerte de "caja china" que en su momento ideó el expresidente López Obrador, quien ordenó reabrir las investigaciones del Caso Colosio por quinta ocasión y tras el paso de cuatro fiscales que nunca pudieron probar la hipótesis de un segundo tirador por más que la exploraron e investigaron.
En dos ocasiones, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, negó las ordenes de aprehensión solicitadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación (MP), al considerar que sus peticiones carecían de justificación legal, al estar sustentadas en meras presunciones. La primera negativa de la orden de aprehensión (24 de noviembre de 2023, en la Causa Penal 4/2023-VI) el juzgador concluyó que el MP no acreditó los extremos de su pretensión, ya que se limitó a inferir o presumir un hecho que no estaba demostrado, por lo que procedía negarla.
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