Por: Diego López Tamayo - El Economista
La frase “lo que se mide, se puede mejorar” era el lema del recién extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Aunque el organismo desaparece, su mensaje sigue siendo más vigente que nunca: sin datos confiables como brújula, cualquier intento por mejorar la economía corre el riesgo de navegar a ciegas. La medición precisa de fenómenos clave como el empleo, la inflación o la pobreza no es una tarea técnica menor: es condición necesaria para avanzar en el desarrollo económico y social.
Las estadísticas oficiales constituyen un bien público, en el sentido económico y en el de acceso a la población, de alto valor estratégico. Su credibilidad descansa sobre principios reconocidos internacionalmente: imparcialidad, objetividad, pertinencia, precisión, coherencia, transparencia, accesibilidad, replicabilidad y confidencialidad. Estos pilares no son ornamentos técnicos; son el sustento de la confianza ciudadana y de los debates informados. Cuando estos principios se vulneran, se erosiona la legitimidad institucional, y con ella, la efectividad de las políticas públicas.
Por ello, es indispensable que analistas, medios y tomadores de decisiones comprendan la metodología detrás de la generación y revisión de estadísticas. Un caso reciente ilustra los riesgos de ignorar esta dinámica: tras la publicación de cifras de empleo en Estados Unidos, Donald Trump acusó al Bureau of Labor Statistics (BLS) de manipulación, calificando el reporte como un "engaño" y destituyendo a su comisionada. Las críticas surgieron a raíz de revisiones a la baja en los datos de mayo y junio, pasando de 139 mil empleos inicialmente reportados a 14 mil en la cifra revisada.
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