Alberto Aziz Nassif / El Universal
Una variable que ha emergido con fuerza en estos días de transición:
el afán reformista. El presidente saliente hizo uso de su nueva facultad
constitucional, presentar dos iniciativas preferentes al inicio de cada
periodo de sesiones, por lo que mandó al Congreso una propuesta de
reforma laboral y otra sobre transparencia en la contabilidad
gubernamental. Por su parte, el presidente electo también llegó con
nuevas iniciativas, una para transformar a la actual Secretaría de la
Función Pública en una Comisión Nacional contra la Corrupción y otra
para convertir al IFAI en un organismo autónomo constitucional.
En el viejo régimen el nuevo presidente de la república preparaba su
paquete inicial de reformas a la Constitución para darle sustento legal a
las principales políticas de su gobierno. El gran legislador era el
presidente. Desde que llegaron los gobiernos divididos, se terminó la
cancha libre para legislar de forma unipartidista y ahora se tiene que
negociar con las otras fuerzas del Congreso. Por otra parte, en México
hay una cultura política legislativa que resulta negativa al menos en
dos aspectos: se legisla por generaciones, así las instituciones
necesitan varias reformas y muchos años para tener las facultades
suficientes y cumplir con su deber. La otra tiene que ver con las
coyunturas que agravan los problemas. ¿Por qué Calderón esperó seis años
para enfrentar la opacidad de recursos de los gobiernos locales?
En el caso del IFAI todo lo que fortalezca a este organismo es
bienvenido, no hay que perder de vista que esa institución se ha visto
limitada para actuar porque, entre otras cosas, sólo cubre al gobierno
federal. Se supone que ahora tendrá más facultades para actuar frente a
todos los niveles de gobierno y todos los poderes del Estado, esperemos
que en la letra chica no vengan las trampas, ya sea para un nombramiento
de cuotas de sus comisionados o con alguna contraloría interna manejada
desde el mismo Congreso, como le pasó al IFE. El otro tema es el de la
transparencia en la contabilidad, sobre todo en los gobiernos locales y
desde luego en el mismo Poder Legislativo, que siguen instalados en la
opacidad.
¿Cuántos presidentes han iniciado su mandato con alguna iniciativa en
el combate a la corrupción? Prácticamente todos, y por lo que se ve
fracasaron. Peña Nieto se mete a la moda y después del reciente proceso
electoral tiene necesidad de legitimarse donde más ha sido atacado, en
las herencias negras del PRI en materia de corrupción.
Sin duda, la iniciativa más preocupante de todo este reformismo
presidencial es la iniciativa en materia laboral de Calderón, porque
atenta abiertamente contra una visión democrática y de bienestar, a
pesar de la envoltura.
Se ha querido vender como un avance democratizador porque plantea más
transparencia y rendición de cuentas a los sindicatos, lo cual es
positivo, pero cancela lo más importante en el mundo del trabajo: la
contratación colectiva auténtica. Calderón presenta un proyecto
elaborado por abogados de la Coparmex, como lo ha documentado el abogado
Arturo Alcalde en su texto “Cuatro temas torales de las iniciativa
laboral de Calderón”. El primer tema es que propone una subcontratación
triangulada, con lo cual se precarizan más las condiciones de trabajo;
el segundo es que generaliza el contrato por horas, cuando debe ser sólo
una excepción y no la norma; tercero, le pasa al trabajador el costo de
la burocracia y la tardanza en los juicios laborales, con lo que
abarata el despido, y hace imposible una contratación colectiva
auténtica porque cierra las puertas, ya sea por emplazamiento a huelga o
por juicio de titularidad, y ambos mecanismos se vuelven imposibles de
realizar. La reforma se vende como estructural, pero no toca ninguno de
los temas estructurales, como señala la especialista Graciela Bensusán:
ni una palabra sobre precariedad laboral, informalidad, salarios mínimos
por debajo de la línea de pobreza, falta de relación entre salarios y
productividad, ausencia de representación, incapacidad estatal para el
arbitraje de los conflictos obrero-patronales, etcétera. Esta reforma es
un atentado a cualquier relación democrática en el mundo laboral.
El reformismo presidencial necesita ser moderado por el pluralismo
del Congreso y por una visión de Estado para suprimir las prisas de la
coyuntura y la necesidad presidencial de tener legitimidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario