El mayor fracaso de cualquier política laboral es no generar empleos. Y el segundo mayor fracaso es que los empleos que se generan sean de mala calidad, es decir, con pobres salarios reales y desprovistos de prestaciones elementales que resguarden los derechos y el bienestar de los trabajadores.
A la luz
de los resultados históricos, uno de los grandes fracasos de la economía mexicana
no sólo ha sido su incapacidad para generar los empleos que requiere su
creciente población, sino también para generar empleos con una mínima calidad
que se traduzca en bienestar de las familias.
En los
últimos 13 años (2000-2012) la tasa de desempleo abierta en México -tomando en
cuenta un cálculo de 5.1% de desocupación para este año- ha rondado 3.9% en
promedio, mientras que en la década de los 90 fue de 3.6%, y de 4.5% en los
años 80. Así que por las cifras oficiales, como se puede ver en las poco más de
tres décadas de historia reciente, la tasa de desempleo abierta en el país ha
sido relativamente baja en comparación con los resultados obtenidos en las
economías de los países que conforman la OCDE.
Sin
embargo, a diferencia de estas economías, en México la favorable tasa de
desempleo abierta oculta dos fenómenos que caracterizan al mercado laboral
mexicano: La enorme precarización de los empleos existentes, y la fuga de mano
de obra hacia el mercado laboral estadunidense que reduce la tasa de desempleo
en México.
Un dato
es revelador. Para este año la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
estableció que el salario mínimo promedio para las tres zonas del país sea de
mil 819.80 pesos, un salario inferior a los dos mil 218 pesos que estableció el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval,
como ingreso mínimo personal en las zonas urbanas del país para no caer por
debajo de la línea de pobreza. Es decir, a la luz de lo establecido por
Coneval, la propia determinación de la CNSM está violando el Artículo 123
constitucional, sin que nada ocurra, ni ningún político chiste.
Ese es el
problema que tenemos en México. Uno de cumplimiento de leyes. Queda claro que
cualquier revisión minuciosa de lo que pasó con la evolución del salario mínimo
en México en las últimas tres décadas nos llevará a la conclusión de que
existió una decisión deliberada de política pública para reducir el salario
mínimo real, deteriorar el poder adquisitivo de los salarios, con el propósito
de reactivar la economía, lo que permitió que la tasa de desempleo fuera
reducida. Se han creado empleos precarios, reduciendo la tasa de desempleo, en
buena medida gracias a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Más allá
de las ideologías, ésa ha sido la política laboral de las últimas décadas en
México que ahora se discutirá a través de una reforma laboral que lo que
pretende, en esencia, es flexibilizar las condiciones de acceso al trabajo.
Habrá más
tiempo para desmenuzar las propuestas de reforma que se están planteando, sin
embargo cualquier discusión sobre el mercado laboral en México no puede darse
sin este contexto histórico de una economía que ha sido largamente incapaz de
generar los empleos de calidad que necesita su población. Y en ese fracaso no
sólo están los gobiernos implicados, sino también las “corporaciones políticas”
que incluyen a sindicatos y empresarios.
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