Serpientes y Escaleras
Salvador Garcia Soto - Expreso
Otra víctima de la mal llamada "austeridad republicana" en el sexenio del expresidente López Obrador fue sin duda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Desde la modificación legal de 2019, que le impuso vetos laborales de 10 años y disminución de sueldos a sus funcionarios, el organismo encargado de vigilar y supervisar al sistema bancario mexicano y prevenir y detectar los casos de lavado de dinero, entró en crisis y disminuyó su eficiencia y capacidad de supervisar a las instituciones bancarias del país.
Tras la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, para 2020 la CNByV había perdido a buena parte de su personal calificado y certificado, parte porque casi 20% de directivos y colaboradores renunciaron por no aceptar los cambios legales, y encima de eso en el presupuesto federal de aquel año le recortaron 101 plazas de rango medio y alto como directores y subdirectores de área, lo que debilitó todavía más al organismo rector de la actividad bancaria y bursátil, que bajo las administraciones de la 4T pasó de ser un organismo garante de la confiabilidad y legalidad del sistema de bancos, a un riesgo grave en la actual coyuntura económica, donde se observan escenarios cada vez más adversos para la economía mexicana.
Porque justo cuando estalla el escándalo de los dos bancos, CI Bank e Intercam, junto con la Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, tras ser señalados como sospechosos de lavar dinero para los principales cárteles de la droga mexicanos por parte del FinCen, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se exhibe la fragilidad y la ineficacia de la CNByV, que a pesar de los constantes rumores que circularon entre los bancos e incluso en la última convención bancaria del pasado 8 de mayo, no pudo o no quiso detectar a tiempo las transferencias y depósitos observados por la administración de Donald Trump.
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