Samuel García - El Sol de México
La operación de deuda anunciada por la Secretaría de Hacienda para inyectar liquidez a Pemex confirma que las malas decisiones de política pública, envueltas en narrativa ideológica, tienen un precio. Y ese precio, como siempre, lo pagan los ciudadanos.
Bajo un esquema financiero estructurado “creativo” y con aval gubernamental, Hacienda colocará hasta 10 mil millones de dólares en títulos de deuda que se canalizarán a Pemex a través de un vehículo fiduciario. Con estos recursos, la empresa podrá evitar impagos con proveedores y deudas de corto plazo. No es inversión productiva ni un plan de transformación: es un rescate de la petrolera para su sobrevivencia.
No se trata de un problema técnico, sino político. Desde hace décadas, pero con mayor intensidad de 2019 a la fecha, Pemex ha sido tratada como un símbolo nacional (aprovechable como botín para unos cuantos) antes que como una empresa del Estado. Sin una estrategia creíble, Pemex ha sido cargada con proyectos inviables y decisiones impuestas bajo una regulación de corte estatista que desalienta la inversión y mina la confianza del mercado. Mientras tanto, la corrupción interna se profundizó sin mecanismos eficaces de control. La ideología terminó por desplazar a la eficiencia.
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