El fondo de rescate español amplía su capacidad de
endeudamiento hasta los 120.000 millones
El 'banco malo' comprará los activos dañados a las
entidades a un precio "adecuado"
El Gobierno asegura que la reforma financiera “no
costará un euro” al contribuyente
La participación estatal no superará el 50% y puede
entrar el Fondo de Depósitos
El
Gobierno no deja de insistir en que la reforma financiera no costará dinero público, pero
con respecto al banco malo, la sociedad gestora que comprará los activos más
dañados de la banca para sanearla, el Ejecutivo baja el tono y habla más bien
de “minimizar” la carga para el contribuyente. Porque la recuperación de la
inversión pública dependerá de la capacidad de este nuevo ente de obtener
beneficios y no existe empresa alguna capaz de asegurar algo así.
Esa
sociedad tiene el objetivo de vender el lastre del ladrillo de las entidades
rescatadas en un plazo de 10 a 15 años y tendrá una participación del Estado
máxima del 50%. El resto de las acciones se colocará entre inversores privados,
para lo que el Gobierno abre la puerta a incentivos públicos. El Fondo de
Garantía de Depósitos (FGD), nutrido por las aportaciones de bancos y cajas
para cubrir a los ahorradores, podría entrar en el accionariado. “Los
incentivos fiscales no están contemplados en el decreto, pero es una cuestión
que está abierta”, señalaron este viernes fuentes del Ministerio de Economía.
De hecho,
en la normativa aprobada en mayo el Ejecutivo ya contemplaba la posibilidad del
algún tipo de apoyo. “El producto se diseñará con el suficiente atractivo, con
perspectiva de rentabilidad, para que haya inversores privados”, añadieron las
mismas fuentes. El “mal llamado banco malo”, en palabras del ministro de
Economía, Luis de Guindos, absorberá probablemente los activos adjudicados por
impago de deuda (pisos y suelo) y los créditos problemáticos ligados al
promotor, que son “lo más tóxico del sector”, según Guindos.
El diseño
final se concretará en un reglamento —en el que Europa tiene mucho o casi todo
que decir—, pero el tamaño del ente será considerable: hay 180.000 millones en
activos problemáticos inmobiliarios en todo el sector y buena parte pertenece a
las entidades que necesitan ayudas. Guindos recalcó que el traspaso de activos
a esta sociedad será “a precios adecuados” para que pueda venderlo en el
mercado sin perder dinero en un plazo de entre 10 y 15 años. “Será una sociedad
gestora rentable y que no tenga pérdidas”, recalcó, e insistió en “minimizar el
impacto al contribuyente”. Están previstos apoyos financieros para los
compradores de esos activos.
El precio
de traspaso es clave porque el banco malo compra activos cuyo precio actual en
el mercado es muy inferior al que figura en los balances de los bancos, debido
al pinchazo del ladrillo. Si los compra caros, puede perder dinero al intentar
venderlos, y si los compra baratos, sufrirán las cuentas de la entidad.
Guindos
señaló la ventaja de que “los activos de los bancos ya están muy provisionados
[es decir, las entidades ya han reservado dinero para cubrir la pérdida], con
lo que el precio de compra podrá ser reducido” sin perjudicar al sector. En el
caso del suelo, por ejemplo, se ha provisionado el 80% del crédito. Así, si el
proceso de venta de estas sociedades dura de 10 a 15 años, el Gobierno cree que
hay margen para que la situación económica y el mercado inmobiliario se
recuperen y evitar las ventas a pérdida.
El
traspaso de activos es obligatorio para las entidades que reciban ayudas, así
que las primeras en hacerlo serán las nacionalizadas (Bankia, Catalunyacaixa,
Novagalicia Banco y Banco de Valencia). Estas no pueden entrar en el
accionariado del banco malo porque contabilizarían como públicas. El decreto
señala que, además del fondo de rescate bancario (FROB), pueden entrar como
accionistas el FGD, las entidades de crédito, otras entidades financieras,
firma de inversión u otros inversores institucionales.
Pérdidas para las preferentes
La
pérdida de las inversiones de los dueños de participaciones preferentes es un
punto muy sensible de la reforma, ya que se trata de un producto de inversión
muy complejo (paga intereses más altos que un depósito, pero supone una
inversión a perpetuidad) pero en España se vendió a clientes particulares que
en muchos casos carecían de la cultura financiera necesaria para entender el
producto en el que estaban colocando sus ahorros. La banca española en total ha vendido casi 30.000
millones en preferentes desde 1999.
En este
sentido, Santamaría ha señalado que "se han tomado decisiones de
calado" para proteger a los inversores de cara a futuro, "visto el
perjuicio causado en el pasado". La nueva ley establece que la forma de
comercialización de estas preferentes permita al cliente "saber en lo que
está invirtiendo de verdad" e incluso reservar una parte a público
profesional exclusivamente. En concreto, el decreto señala que el umbral mínimo
para invertir en preferentes y deuda subordinada serán 100.000 euros en el caso
de las sociedades no cotizadas, y de 25.000 euros, en el de las cotizadas.
Además, el porcentaje de colocación entre instituciones será del 50% del total
de la colocación.
En los
contratos de deuda subordinada de las entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia) no está contempladas estas pérdidas en caso de
recibir ayudas públicas, pero con la reforma financiera hoy aprobada el fondo
de rescate bancario español sí puede aplicar esas pérdidas.
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