Carlos Ramírez - El Indpendiente
El principal problema que enfrenta el Plan Michoacán 3.0 no tiene que ver con el entusiasmo voluntarista del Poder Ejecutivo federal para recuperar confianza después del asesinato-mensaje el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sino que está montado sobre el fracaso de los planes 1.0 y 2.0 y se moverá en las estructuras sociales, políticas, económicas y burocráticas que están copadas o en el peor de los casos atoradas por las bandas delictivas a las que hay que combatir.
Los planes parciales ya demostraron su ineficacia. Por ejemplo, el programa de emergencia para Sinaloa ha tenido que mantener en el poder al gobernador Rubén Rocha Moya que aparece revelado con datos duros como aliado del Cártel de Sinaloa, incluyendo el incidente que propició el secuestro ilegal de Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a Estados Unidos.
Y el problema de fondo en toda la territorialidad burocrática donde opera sin contrapeso el crimen organizado, los presidentes municipales aparecen aliados por miedo o complicidad a las bandas delictivas, sin que los gobernadores tengan voluntad o fuerza para apoyar una estrategia de destrucción de las organizaciones criminales.
El Plan Michoacán 3.0 enfrenta obstáculos muy concretos:
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