Carlos Ramírez - El Independiente
En pocas palabras, con el artero asesinato del alcalde Carlos Manzo, de Uruapan, el Cártel Jalisco Nueva Generación le declaró la narcoguerra al Estado mexicano, violó la doctrina de seguridad pública y colapsó los principios de la seguridad interior.
El mensaje del llamado también Cártel de las Cuatro Letras (4L) fue muy claro:
–Rompió el dominio político e institucional del Estado y consolidó su idea de instalar en Michoacán –y en otras partes—una zona franca de control delictivo.
–Rebasó la definición de la seguridad pública que se asume como «promover la seguridad del Estado mexicano por medio de una política multidimensional que anticipe aquellas tendencias internas y externas que pueden poner en riesgo nuestro proyecto de nación, salvaguardando así la libertad, los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos».
–E hizo trizas la doctrina de seguridad interior que las fuerzas políticas y de gobierno se han negado a reglamentar con una ley y que considera la seguridad interior –facultad exclusiva del Ejecutivo de acuerdo con la fracción VII del 89 Constitucional– como “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
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