Gustavo Leal F.* - Periódico La Jornada
1. Signado por los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; SEP, Mario Delgado, y el Issste, Martí Batres, el documento entregado por la presidenta Sheinbaum a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) (28/5/25) señala: “la abrogación de la reforma de 2007, aunque constituye una bandera histórica legítima, tendría un impacto financiero muy grande, que en este momento resulta insostenible para el Estado. Se comprometería gravemente la garantía de los programas sociales que hoy son derechos constitucionales, generaría incertidumbre masiva entre los trabajadores que ya cotizan en el esquema pensionario actual y pondría en riesgo el derecho de las nuevas generaciones para acceder a pensiones dignas en el futuro. Además de que la decisión del destino de los ahorros de los trabajadores en sus cuentas individuales depende exclusivamente de ellos”. ¿Puede un gobierno progresista defender semejante “propuesta” sin renunciar a su declarado programa antineoliberal?
2. Gerardo Esquivel, cuestionado ex subgobernador del Banco de México, escribió (Milenio, 9/6/25): “así, lo que pide la CNTE es regresar al viejo esquema, en el que se vinculan otros precios e ingresos al salario mínimo, lo que imposibilitaría aumentarlo por dos razones: por las posibles presiones inflacionarias y por el enorme costo fiscal que esto implicaría. Por lo mismo, si la CNTE lograra lo que pide, obtendría una victoria pírrica. Sus pensiones subirían al ritmo del salario mínimo, pero éste ya no podría aumentar en términos reales, lo que terminaría afectando a millones de trabajadores de bajos ingresos. La petición de la CNTE es, en ese sentido egoísta y miope con la clase trabajadora”. ¡Vaya avanzado progresismo antineoliberal!
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