El aumento del IVA y la subida del precio de los combustibles aplazan la recuperación económica
La economía española afronta el trimestre final del año con un cuadro
todavía muy distante de la esperada recuperación. Contracción del
crecimiento, renovadas tensiones inflacionistas, subidas de impuestos y
reducciones de gasto público coexisten con la prolongación de la crisis
bancaria más severa en muchas décadas y una manifiesta precariedad de la
cotización de la deuda pública española. Todo ello tiene lugar en un
contexto internacional también menos favorable. La Eurozona no ha
despejado los riesgos de fragmentación y el conjunto de la economía
global acentúa su desaceleración, al tiempo que los precios de algunas
materias primas, de forma destacada el petróleo, complican la
recuperación.
Ha sido este ultimo el que en mayor medida ha contribuido a situar el
IPC español el pasado agosto en un nivel elevado, del 2,7%, a pesar del
desplome que sufre la demanda de bienes y servicios, consecuente con la
contracción de la renta de las familias y la continua erosión de su
confianza. Los precios de los carburantes se encuentran en máximos
históricos: la gasolina y el gasóleo han aumentado su precio un 12% y un
9% respectivamente desde julio. A esos efectos inflacionistas se
añadirán los originados por el aumento del IVA, en vigor desde
principios de este mes. Todo esto contribuirá a que la inflación
española a final de año no sea inferior al 3%.
Se trata de una combinación nefasta de la que son tributarias fundamentalmente las familias con rentas más bajas y las que disponen de una menor capacidad de negociación ante los ajustes salariales que las empresas están llevando a cabo. A las amenazas derivadas del ajuste presupuestario en partidas sensibles (el copago farmacéutico es una de las más explícitas, pero en modo alguno la única) se añaden los incrementos de precios en bienes y servicios considerados básicos, la alimentación, la educación, o el transporte. Con este panorama es lógico que todos los indicadores de confianza de las familias se encuentren en mínimos históricos, limitando de forma significativa el crecimiento del consumo. Este ha sido el componente del PIB en mayor medida responsable del agravamiento de la recesión española en el segundo trimestre de este año. Y lo seguirá siendo al menos en lo que queda de año. La combinación de recesión, paro e inflación es la peor de las posibles, y no será en modo alguno fácil alejarlas del horizonte a corto plazo de nuestra economía.
Frente a ello, el margen de maniobra de las autoridades españolas es muy reducido. A lo más que pueden aspirar es a que los apoyos europeos adicionales (cualquier forma de “rescate suave”) no incorporen exigencias adicionales de ajuste en partidas sensibles para las personas con menor renta, como podrían ser las pensiones. Y, desde luego, el Gobierno debe hacer valer ante las autoridades comunitarias, en especial el BCE, los esfuerzos que la población española está haciendo para hacer frente a la crisis.
Fuente: El País
Se trata de una combinación nefasta de la que son tributarias fundamentalmente las familias con rentas más bajas y las que disponen de una menor capacidad de negociación ante los ajustes salariales que las empresas están llevando a cabo. A las amenazas derivadas del ajuste presupuestario en partidas sensibles (el copago farmacéutico es una de las más explícitas, pero en modo alguno la única) se añaden los incrementos de precios en bienes y servicios considerados básicos, la alimentación, la educación, o el transporte. Con este panorama es lógico que todos los indicadores de confianza de las familias se encuentren en mínimos históricos, limitando de forma significativa el crecimiento del consumo. Este ha sido el componente del PIB en mayor medida responsable del agravamiento de la recesión española en el segundo trimestre de este año. Y lo seguirá siendo al menos en lo que queda de año. La combinación de recesión, paro e inflación es la peor de las posibles, y no será en modo alguno fácil alejarlas del horizonte a corto plazo de nuestra economía.
Frente a ello, el margen de maniobra de las autoridades españolas es muy reducido. A lo más que pueden aspirar es a que los apoyos europeos adicionales (cualquier forma de “rescate suave”) no incorporen exigencias adicionales de ajuste en partidas sensibles para las personas con menor renta, como podrían ser las pensiones. Y, desde luego, el Gobierno debe hacer valer ante las autoridades comunitarias, en especial el BCE, los esfuerzos que la población española está haciendo para hacer frente a la crisis.
Fuente: El País
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