viernes, 31 de julio de 2009

SUBSIDIO BÁSICO PARA TODOS

Hernán Gómez Bruera
La polémica sobre el destino de los recursos de Procampo y la evidencia aportada por el reciente estudio del CIDE, coordinado por Mauricio Merino, en el sentido de que los recursos de este programa estarían subsidiando de forma discrecional a los productores más ricos, ejemplifica una vez más la perversidad de nuestra política social.
Se ha hecho evidente, como bien señala Gustavo Gordillo (EL UNIVERSAL, 30/07/09), que esa desigualdad que permea en todos los ámbitos de nuestra vida en comunidad se reproduce y termina por desvirtuar nuestros propios esfuerzos de combate a la pobreza. El dramático crecimiento en el número de ciudadanos que hoy viven por debajo de la línea de pobreza y en condiciones de inseguridad alimentaria obliga a pensar medidas más eficaces para promover la inclusión. No sólo en acciones orientadas a determinados sectores o grupos, sino en políticas capaces de universalizar el acceso a derechos fundamentales.
La propuesta de crear una renta mínima ciudadana, como se discute desde hace algunos años en espacios internacionales y foros académicos, debería encontrar un lugar aquí. Uno de sus más entusiastas exponentes es el senador brasileño Eduardo Suplicy, autor de libros sobre el tema.
Luego de ser electo como primer senador en la historia del Partido de los Trabajadores, Suplicy presentó en 1991 una propuesta de ley para instituir un programa de garantía de renta mínima. La propuesta contemplaba que todo adulto que no percibiera un ingreso superior a los 150 dólares mensuales pasaría a recibir alrededor de 50% de esa cantidad de forma regular.
“La mejor forma de que todos tengan garantizado el derecho a la alimentación y a una vida más digna y con más libertad es a través de un ingreso básico. De esa forma, todas las personas, sin importar su origen, edad, raza, sexo, estado civil, condición socioeconómica o de cualquier otra especie, recibirán un ingreso modesto que sea suficiente para cubrir sus necesidades vitales”.
Los recursos para garantizar una renta incondicional saldrían de un fondo de ciudadanía que debería ser contemplado dentro del presupuesto federal. Desde los más ricos hasta los más pobres recibirían esa renta, aunque los primeros contribuirán de forma proporcionalmente mayor vía impuestos. En un país de baja captación fiscal como México, donde además el sistema tributario es regresivo, tal propuesta debería ir acompañada de una reforma impositiva. Si el Estado lograse captar al menos 30% del PIB, como ocurre en otros países, la inclusión de un fondo de ciudadanía con esas características no resultaría del todo inviable.
La propuesta plantea que los recursos sean utilizados por cada ciudadano como mejor lo considere. Los pequeños productores, que serían beneficiados sin ningún tipo de discriminación, los usarían para adquirir insumos y para comprar alimentos que dinamicen las economías locales.
Una de las ventajas de una iniciativa así, según sus defensores, sería eliminar enormemente los costos burocráticos que implica clasificar a los ciudadanos a partir de “líneas imaginarias de pobreza”, y limitar la discrecionalidad con la que se elige a los beneficiarios de políticas sociales.
El primer caso de renta mínima comenzó en una pequeña villa de pescadores en Alaska donde existía alta desigualdad. El alcalde propuso un impuesto de sólo 3% a los productos pesqueros, a partir del cual se creó un fondo para todos los pobladores, que recibían una renta mensual sin distinción. A partir de esa experiencia se creó, 10 años después, un fondo similar a nivel estatal proveniente de los derechos por explotación de petróleo y recursos naturales. Un referéndum popular convirtió esa medida en ley. Para 1980 el fondo sumaba ya mil millones de dólares. Hoy son 30 mil.
No pareciera posible imaginar una medida de estas características en México. Sin embargo, la discusión en torno a la renta mínima puede admitir matices. Puede influenciar un debate, cuando menos marcar un camino.
Así ocurrió en Brasil durante los últimos años. Si bien la propuesta de crear una renta mínima aún no logró consolidarse, Bolsa Familia unificó en un solo programa diversas políticas de transferencia de renta, lo que permitió reducir costos de operación. Al contar con más de 40 millones de ciudadanos beneficiados, el ambicioso programa implementado por el presidente Lula estableció un paso importante hacia la universalización.
Percibir una renta básica es un derecho de todo ciudadano. En tanto derecho, no puede ser visto como un favor concedido por alguna autoridad a cambio de sumisión o apoyo político. Puede ser el instrumento que inspire una política social más osada y consistente, pero también, como afirma Suplicy, el de “una política económica consistente con objetivos de crecimiento con equidad, igualdad, eficiencia y libertad”.
h.gomez-bruera@ids.ac.uk
Consultor y analista político
Fuente: El Universal

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