Guillermo Knochenhauer
La falta de visión de Estado y la defensa de privilegios están detrás de la incapacidad demostrada del gobierno para establecer el rumbo por el que México pudiera salir del estancamiento económico, que dura ya nueve años, y abatir la impunidad de la delincuencia y de sus asociados políticos, empresarios, financieros y demás personajes nacionales y extranjeros.
Esos son el tipo de problemas que amenazan con convertir al Estado mexicano en un estado fallido. Sin respuestas ante ellos, el gobierno de Felipe Calderón su prepara para endurecer la vigilancia e intentar mayores controles sobre la sociedad.
El 20 de abril, el Presidente envió al Senado diversas iniciativas para reformar varias leyes. Una se refiere a la Ley de Seguridad Nacional y otra al Código de Justicia Militar. Otras iniciativas se refieren a normas menores.
La propuesta de Calderón es que el código de Justicia Militar se mantenga en las esferas castrenses a pesar de que, puestos a desempeñar labores policíacas que no les corresponden, los soldados comenten excesos cada vez mayores y más frecuentes que afectan los derechos humanos de poblaciones muchas veces inocentes.
En cambio, a la Ley de Seguridad Nacional (promulgada en enero de 2005) se le agregaría el precepto de seguridad interior, de la que se hace responsable al Ejecutivo federal, que contaría con atribuciones exclusivas y con una Fuerza Armada Permanente integrada por el Ejército, la Marina y la Policía Federal.
La propuesta es inquietante en varios aspectos. Por ejemplo, la definición de hechos como atentatorios de la seguridad nacional, la atribución exclusiva del gobierno federal para movilizar a las fuerzas armadas a los estados, municipios o regiones en conflicto y la eventual sustitución de las autoridades civiles locales por las fuerzas armadas siguiendo órdenes del Presidente.
La visión que tiene la derecha de la crisis nacional se deja ver en el capítulo de la reforma que tipifica los hechos que pueden afectar la seguridad interior. Dice el párrafo correspondiente: “(…) los supuestos que pueden implicar una afectación a la seguridad interior, son los previstos en el artículo 5 de la Ley vigente (…), los cuales serían complementados con otros tales como (…) los actos que pongan en peligro el orden y la paz pública de un municipio, entidad federativa o región (…) y los actos de extorsión colectiva que afecte a la comunidad o población”.
Quien decidirá cuándo una manifestación social se vuelve una “extorsión colectiva” al bloquear, por ejemplo, accesos a una presidencia municipal o a una oficina federal, o cuándo las autoridades competentes han quedado rebasadas, será el Consejo de Seguridad Nacional. Ese consejo es del gobierno, está integrado por el Presidente de la República, los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, por el procurador general de la República y por el director del Cisen.
Si la propuesta de reforma se aprobara, quedaría en ese Consejo la decisión de declarar el “estado de excepción” y de suspender los derechos civiles en la región, estado o municipio en los que haya manifestaciones, revueltas o rebeliones. Sólo el Ejecutivo tendría la atribución de declarar si hay afectación a la seguridad interior en algún estado o municipio, de ordenar la intervención armada y también que la fuerza militar sustituya a las autoridades civiles como la institución responsable “en casos en que su participación sea estratégica y necesaria para solucionar la afectación a la seguridad interior”.
Actualmente, el artículo 29 de la Constitución prevé que el Ejecutivo puede declarar un estado de excepción y movilizar al Ejército a la zona en conflicto pero, en todo caso, con la obligada aprobación del Congreso de la Unión, lo que significa que de llegarse el caso de suspender los derechos civiles no será a juicio de uno solo de los poderes federales.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las fuerzas armadas pueden auxiliar a las autoridades civiles, pero nunca remplazarlas.
De aprobarse esas reformas, será mayor la pérdida de garantías civiles, ya menguadas por la incapacidad del Estado para contener la expansión de la delincuencia organizada. En vez de mejorar la protección ciudadana a cargo del Estado, lo que se intenta con la reforma a la ley de seguridad nacional es legalizar y ampliar las atribuciones de las fuerzas armadas para su mayor control de la población.
knochenhauer@prodigy.net.mx
La falta de visión de Estado y la defensa de privilegios están detrás de la incapacidad demostrada del gobierno para establecer el rumbo por el que México pudiera salir del estancamiento económico, que dura ya nueve años, y abatir la impunidad de la delincuencia y de sus asociados políticos, empresarios, financieros y demás personajes nacionales y extranjeros.
Esos son el tipo de problemas que amenazan con convertir al Estado mexicano en un estado fallido. Sin respuestas ante ellos, el gobierno de Felipe Calderón su prepara para endurecer la vigilancia e intentar mayores controles sobre la sociedad.
El 20 de abril, el Presidente envió al Senado diversas iniciativas para reformar varias leyes. Una se refiere a la Ley de Seguridad Nacional y otra al Código de Justicia Militar. Otras iniciativas se refieren a normas menores.
La propuesta de Calderón es que el código de Justicia Militar se mantenga en las esferas castrenses a pesar de que, puestos a desempeñar labores policíacas que no les corresponden, los soldados comenten excesos cada vez mayores y más frecuentes que afectan los derechos humanos de poblaciones muchas veces inocentes.
En cambio, a la Ley de Seguridad Nacional (promulgada en enero de 2005) se le agregaría el precepto de seguridad interior, de la que se hace responsable al Ejecutivo federal, que contaría con atribuciones exclusivas y con una Fuerza Armada Permanente integrada por el Ejército, la Marina y la Policía Federal.
La propuesta es inquietante en varios aspectos. Por ejemplo, la definición de hechos como atentatorios de la seguridad nacional, la atribución exclusiva del gobierno federal para movilizar a las fuerzas armadas a los estados, municipios o regiones en conflicto y la eventual sustitución de las autoridades civiles locales por las fuerzas armadas siguiendo órdenes del Presidente.
La visión que tiene la derecha de la crisis nacional se deja ver en el capítulo de la reforma que tipifica los hechos que pueden afectar la seguridad interior. Dice el párrafo correspondiente: “(…) los supuestos que pueden implicar una afectación a la seguridad interior, son los previstos en el artículo 5 de la Ley vigente (…), los cuales serían complementados con otros tales como (…) los actos que pongan en peligro el orden y la paz pública de un municipio, entidad federativa o región (…) y los actos de extorsión colectiva que afecte a la comunidad o población”.
Quien decidirá cuándo una manifestación social se vuelve una “extorsión colectiva” al bloquear, por ejemplo, accesos a una presidencia municipal o a una oficina federal, o cuándo las autoridades competentes han quedado rebasadas, será el Consejo de Seguridad Nacional. Ese consejo es del gobierno, está integrado por el Presidente de la República, los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, por el procurador general de la República y por el director del Cisen.
Si la propuesta de reforma se aprobara, quedaría en ese Consejo la decisión de declarar el “estado de excepción” y de suspender los derechos civiles en la región, estado o municipio en los que haya manifestaciones, revueltas o rebeliones. Sólo el Ejecutivo tendría la atribución de declarar si hay afectación a la seguridad interior en algún estado o municipio, de ordenar la intervención armada y también que la fuerza militar sustituya a las autoridades civiles como la institución responsable “en casos en que su participación sea estratégica y necesaria para solucionar la afectación a la seguridad interior”.
Actualmente, el artículo 29 de la Constitución prevé que el Ejecutivo puede declarar un estado de excepción y movilizar al Ejército a la zona en conflicto pero, en todo caso, con la obligada aprobación del Congreso de la Unión, lo que significa que de llegarse el caso de suspender los derechos civiles no será a juicio de uno solo de los poderes federales.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las fuerzas armadas pueden auxiliar a las autoridades civiles, pero nunca remplazarlas.
De aprobarse esas reformas, será mayor la pérdida de garantías civiles, ya menguadas por la incapacidad del Estado para contener la expansión de la delincuencia organizada. En vez de mejorar la protección ciudadana a cargo del Estado, lo que se intenta con la reforma a la ley de seguridad nacional es legalizar y ampliar las atribuciones de las fuerzas armadas para su mayor control de la población.
knochenhauer@prodigy.net.mx
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