¿REFORMAS ESTRUCTURALES?

*RODOLFO NAVARRTE
Los resultados de las elecciones del 5 de julio abren la posibilidad de aprobar las reformas estructurales que durante muchos años se han buscado.

Sin embargo, habrá que ver si existe la intención de hacerloSi bien era ampliamente esperado que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fuera el vencedor de la contienda electoral, la sorpresa fue la fuerte caída que observó su competidor más cercano, el Partido Acción Nacional (PAN), que a consecuencia no sólo cedió la mayoría del Congreso al tricolor, en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sino también la posibilidad de que el presidente pueda ejercer el veto a cualquier propuesta legislativa.

Para efectos prácticos, esto implica:

A) Que el presidente gobernará durante la segunda mitad de su periodo con una Cámara de Diputados en manos de la oposición.

B) Que en ésta será menos necesario buscar consensos, en vista de que la mayoría la tiene la alianza PRI-PVEM.

Como es de esperarse, esto abre la posibilidad de avanzar más rápido en la aprobación de nuevas leyes y, en particular, de algunas reformas pendientes en materia económica, política y social, sólo que con la particularidad de que tendrán el sello o la marca del PRI, tal como lo señalaron la semana pasada los principales dirigentes de este partido.

Al respecto, la semana pasada se adelantaron también algunos aspectos de este nuevo perfil, como la insistencia de eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), el rechazo a crear nuevos impuestos, su oposición total a gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) alimentos y medicinas; la reducción del gasto público y la aprobación de una ley de emergencia económica para hacer frente a la crisis.

Si bien este conjunto desarticulado de medidas no permite percibir claramente el diagnóstico económico que se encuentra detrás de ellas (criticable porque se supone que cualquier partido político debe tener visión clara de lo que está sucediendo, ya que en función de ella se elaboran las propuestas y recomendaciones para su solución), lo que a primera vista se desprende es que en el país no existen problemas fiscales, por lo que no es necesario aumentar los ingresos vía el incremento de impuestos.

Nada más alejado de la realidad. Uno de los dos problemas económicos más importantes hoy en día en México es justamente el déficit fiscal, que amenaza con provocar problemas financieros importantes en 2010. El otro es la extraordinaria contracción económica que estamos viviendo.

Al respecto, los dirigentes del PRI han adelantado la posibilidad de aprobar una ley de emergencia económica, con el objetivo de reducir los efectos de las crisis sobre la población.

Si se recuerda, esta ley es la que el PRI presentó a principios del presente año y que no tuvo mayor suerte, al ser desechada por la Cámara de Diputados.

Tal propuesta se basaba en dos puntos importantes: uno, en dejar sin efecto de manera transitoria cuatro leyes: la Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Federal de Adquisiciones, la Federal de Obras Públicas y la de Expropiaciones.

Todo esto con el objetivo de agilizar el ejercicio del gasto público, en particular el de inversión física. El otro, en dejar de cobrar el Impuesto sobre la Renta en el monto total de la liquidación a quienes han perdido sus empleos a consecuencia de la crisis.

Por lo que se puede apreciar, en realidad esta ley tendrá efectos limitados sobre la economía, pese al fuerte incremento en la tasa de desempleo.

De este conjunto de medidas se desprende la conclusión de que al parecer de lo que se trata es de dejar las cosas como están, con algunos pequeños cambios como la eliminación del IETU.

Esto, para lo que nos ocupa, constituye un elemento de preocupación, ya que pese a que a partir de la próxima legislación ya no existirían trabas para la aprobación de las reformas estructurales, al parecer la mayoría en el Congreso no estaría tan interesada en llevarlas a cabo, sino en cuidar el capital político rumbo a las elecciones de 2012.

*Economista del sector privado

Fuente: El Financiero

_