Guillermo Knochenhauer
No es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío. México ya está sumido en la peor recesión de que se tenga memoria, mucho más profunda que la de 1995 y no se vislumbran condiciones para una recuperación en 2010 como la que hubo en 1995. El mundo nos ve como uno de los países que tendrán mayores dificultades para salir de la recesión.
Tómese en cuenta que el desempleo y la baja de los salarios entre las clases medias anulan el estímulo de mercado a las inversiones productivas; en todo el mundo capitalista pasa algo semejante y lo más común es paliar la situación con mayor gasto público. Nuestro problema es que la hacienda mexicana es de las más pobres del orbe por su bajísima recaudación de impuestos sobre la renta.
La reforma fiscal que no se ha podido realizar desde la época de Luis Echeverría por la oposición de poderes fácticos que lograron cargarle a la factura petrolera lo que debieron pagar en impuestos, ha llevado a que hoy la hacienda pública esté incapacitada para operar medidas anti cíclicas y hasta provoque dudas sobre “la sostenibilidad futura de la deuda pública federal”.
Quien apunta esa duda es la comisión del Senado que fue creada para determinar las causas del elevado monto de la deuda pública y proponer correctivos. La preside el senador Dante Delgado, de Convergencia, y en ella participan senadores del PRI, del PAN, del PRD, del PT y del Verde.
La duda de la comisión es razonable. Se basa en que el monto de la deuda pública equivale al 50 por ciento del PIB de 2008, proporción baja si se le compara con la deuda pública de Estados Unidos y de los europeos, pero que en nuestro caso puede resultar impagable para una estructura fiscal que apenas recauda 7.94 por ciento del PIB en impuestos sobre la renta, cuando es de 22.17 por ciento el promedio de la OCDE.
Los hallazgos de la comisión senatorial sugieren que se ha querido ignorar el problema. Hay por lo menos tres versiones institucionales sobre el monto global de la deuda neta del sector público federal. Una es la de la secretaría de Hacienda, que informa que equivale a 21 por ciento del PIB de 2008. En esa versión no se suma la deuda que representan los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) contratados por Pemex y por la Comisión Federal de Electricidad. Simplemente se los incorpora al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.
El Banco de México sí toma en cuenta los PIDIREGAS en sus informes anuales de la deuda neta del sector público federal, pero solamente suma las partidas devengadas; de ahí que según el banco central, la deuda equivale al 29 por ciento del PIB de 2008.
En cambio, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación contabilizan el monto final de obligaciones que representan los PIDIREGAS como parte de la deuda del gobierno federal, con lo que se eleva al 50 por ciento del PIB del año pasado.
La diferencia entre el cálculo de la secretaría de Hacienda y el que hacen los diputados es de casi dos billones de pesos -1,948,000 millones- que es el valor estimado en diciembre de 2008 de los PIDIREGAS. Por si hiciera falta, esa deuda presenta un problema adicional: en tres años casi se duplicarán sus pagos por amortizaciones e intereses. En 2008 absorbieron recursos por 126,910 millones de pesos y serán de 230,273 millones en 2012.
La noticia de que los ingresos presupuestarios del sector público se redujeron 6.9 por ciento real de enero a mayo de 2009, comparado con igual periodo de 2008, hace crecer la duda sobre la sostenibilidad de la deuda pública. Agustín Carstens tiene la misión de convencer a las tres grandes calificadoras de deuda, la Standard and Poors, Moody's y Fitch, de que el catarrito no es letal para evitar que bajen la calificación de los papeles mexicanos; si una de ellas lo hace, elevaría los intereses a pagar por el endeudamiento al que tendrá que recurrir el gobierno.
El único argumento que puede esgrimir Carstens es que pasadas las elecciones del domingo, el gobierno sacará sus propuestas para enfrentar la recesión y la crisis fiscal con las que podrá convencer al Senado, a la nueva cámara de diputados y a los poderes fácticos de que tiene un proyecto económico que puede funcionar.
knochenhauer@prodigy.net.mx
No es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío. México ya está sumido en la peor recesión de que se tenga memoria, mucho más profunda que la de 1995 y no se vislumbran condiciones para una recuperación en 2010 como la que hubo en 1995. El mundo nos ve como uno de los países que tendrán mayores dificultades para salir de la recesión.
Tómese en cuenta que el desempleo y la baja de los salarios entre las clases medias anulan el estímulo de mercado a las inversiones productivas; en todo el mundo capitalista pasa algo semejante y lo más común es paliar la situación con mayor gasto público. Nuestro problema es que la hacienda mexicana es de las más pobres del orbe por su bajísima recaudación de impuestos sobre la renta.
La reforma fiscal que no se ha podido realizar desde la época de Luis Echeverría por la oposición de poderes fácticos que lograron cargarle a la factura petrolera lo que debieron pagar en impuestos, ha llevado a que hoy la hacienda pública esté incapacitada para operar medidas anti cíclicas y hasta provoque dudas sobre “la sostenibilidad futura de la deuda pública federal”.
Quien apunta esa duda es la comisión del Senado que fue creada para determinar las causas del elevado monto de la deuda pública y proponer correctivos. La preside el senador Dante Delgado, de Convergencia, y en ella participan senadores del PRI, del PAN, del PRD, del PT y del Verde.
La duda de la comisión es razonable. Se basa en que el monto de la deuda pública equivale al 50 por ciento del PIB de 2008, proporción baja si se le compara con la deuda pública de Estados Unidos y de los europeos, pero que en nuestro caso puede resultar impagable para una estructura fiscal que apenas recauda 7.94 por ciento del PIB en impuestos sobre la renta, cuando es de 22.17 por ciento el promedio de la OCDE.
Los hallazgos de la comisión senatorial sugieren que se ha querido ignorar el problema. Hay por lo menos tres versiones institucionales sobre el monto global de la deuda neta del sector público federal. Una es la de la secretaría de Hacienda, que informa que equivale a 21 por ciento del PIB de 2008. En esa versión no se suma la deuda que representan los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) contratados por Pemex y por la Comisión Federal de Electricidad. Simplemente se los incorpora al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.
El Banco de México sí toma en cuenta los PIDIREGAS en sus informes anuales de la deuda neta del sector público federal, pero solamente suma las partidas devengadas; de ahí que según el banco central, la deuda equivale al 29 por ciento del PIB de 2008.
En cambio, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación contabilizan el monto final de obligaciones que representan los PIDIREGAS como parte de la deuda del gobierno federal, con lo que se eleva al 50 por ciento del PIB del año pasado.
La diferencia entre el cálculo de la secretaría de Hacienda y el que hacen los diputados es de casi dos billones de pesos -1,948,000 millones- que es el valor estimado en diciembre de 2008 de los PIDIREGAS. Por si hiciera falta, esa deuda presenta un problema adicional: en tres años casi se duplicarán sus pagos por amortizaciones e intereses. En 2008 absorbieron recursos por 126,910 millones de pesos y serán de 230,273 millones en 2012.
La noticia de que los ingresos presupuestarios del sector público se redujeron 6.9 por ciento real de enero a mayo de 2009, comparado con igual periodo de 2008, hace crecer la duda sobre la sostenibilidad de la deuda pública. Agustín Carstens tiene la misión de convencer a las tres grandes calificadoras de deuda, la Standard and Poors, Moody's y Fitch, de que el catarrito no es letal para evitar que bajen la calificación de los papeles mexicanos; si una de ellas lo hace, elevaría los intereses a pagar por el endeudamiento al que tendrá que recurrir el gobierno.
El único argumento que puede esgrimir Carstens es que pasadas las elecciones del domingo, el gobierno sacará sus propuestas para enfrentar la recesión y la crisis fiscal con las que podrá convencer al Senado, a la nueva cámara de diputados y a los poderes fácticos de que tiene un proyecto económico que puede funcionar.
knochenhauer@prodigy.net.mx
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