*Rodolfo Navarrete
El reporte del Coneval sobre la evolución de la pobreza en México durante 2006-2008 ha generado conmoción. En términos generales, éste señala que en ese periodo la pobreza aumentó en cualquiera de sus tres definiciones.
Así, el porcentaje de la población con pobreza alimentaria (ingreso insuficiente para cubrir necesidades de alimentación) pasó de 13.8 a 18.2.
La población con pobreza de capacidades (ingreso insuficiente para cubrir necesidades de alimentación, educación y salud) lo hizo de 20.7 a 25.1 por ciento.
La población con pobreza de patrimonio (ingreso insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público) subió de 42.6 a 47.4 por ciento.
Las explicaciones de este fenómeno han sido muchas; sin embargo, dos hechos son innegables: por un lado, no obedeció a la crisis actual, debido a que la encuesta fue levantada entre agosto y noviembre del año pasado; vale decir, justo cuando se iniciaba la crisis.
Por otro, en parte tiene que ver con el incremento observado en los precios de los alimentos, producto del encarecimiento internacional de las materias primas aparejada a la bonanza económica mundial.
Esto quiere decir que si hoy se realizara una nueva encuesta sobre las condiciones de pobreza de la población en México, muy probablemente los resultados serían peores que los de 2008, debido tanto a los efectos, ahora sí, de la crisis económica (la caída estimada del PIB en 2009 es de 8.0 por ciento, mientras que en el segundo semestre de 2008, cuando se llevó a cabo la encuesta, el PIB creció ligeramente respecto al mismo periodo de 2007), como al sostenimiento de los elevados precios de los alimentos, producto de la depreciación del tipo de cambio y los elevados costos de transporte que provocó los sucesivos incrementos en los precios de los combustibles efectuados a finales de 2008.
Si esto fuera así, las finanzas públicas de 2009 y 2010 no sólo resentirán los efectos negativos de la caída en los ingresos públicos, debido a la contracción de las exportaciones petroleras y la caída de los ingresos tributarios provocado por la recesión económica, sino que además resentirán crecientes presiones para la expansión del gasto público dirigido no sólo a frenar el aumento de la pobreza, sino también a contrarrestar los efectos de ésta.
Por otro lado, es probable también que el aumento de la pobreza cancele la intención del gobierno de llevar a cabo una reforma fiscal integral, entendida ésta como cualquier arreglo que prevea la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a alimentos y medicinas, en vista de que los más afectados con tal medida serían justamente los estratos de bajos ingresos de la población, debido a que una elevada proporción de sus ingresos se destina a la compra de este tipo de bienes.
Igualmente, aunque en menor medida, podría quedar cuestionada la posibilidad de tratar de arreglar el problema fiscal mexicano mediante el incremento en los precios y tarifas públicas, principalmente de los combustibles, debido a los efectos inflacionarios que esto podría causar, lo cual en última instancia incrementará los grados de pobreza.
¿Qué hacer
En función de estos elementos, todo parece indicar que al gobierno no le queda otra opción que aumentar el grado de la deuda para financiar el déficit fiscal que está observando y que amenaza subir fuertemente en 2010, cuando dejen de existir los fondos no recurrentes de ingresos.
Este mayor endeudamiento invariablemente implicará una disminución en el grado de solvencia del gobierno mexicano, por lo que se fortalecerá la percepción de una reducción inminente de la calificación de la deuda soberana mexicana.
Es más, dada la gravedad del problema fiscal, es probable que en algún momento la discusión cambie de tono, tratando de enfocarse cada vez más en el número de tramos en que podría bajar esa calificación.
Si esto fuera así, el factor de riesgo de la inversión en México aumentará y con él las tasas de interés.
*Economista del sector privado
Fuente: El Financiero
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