Rolando Cordera Campos - Periódico La Jornada
En 2004, en pleno jolgorio por la alternancia habida en la presidencia de la República, el Congreso aprobó la Ley General de Desarrollo Social que establecía la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, para coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social del gobierno federal.
El organismo, tenía la encomienda de emitir criterios y lineamientos de los programas sociales que ya formaban un foco de atracción e intención tanto para grupos de la sociedad como para la academia, ávidos de información para emprender empresas de investigación y reflexión política y programática con los responsables de esos programas y políticas que, no pocos, veían como medios para ir superando una pobreza que, sin haberla medido hasta entonces a satisfacción, resultaba del todo incompatible con la democracia que irrumpía.
Veinte años después, un nuevo Congreso ha dado por terminada las encomiendas del Consejo, entre éstas, la medición de la pobreza iniciada en 2008. Se trató de una metodolgía que, sin haber satisfecho a todos, considera(ba) congruentemente una perspectiva multidimensional para entender y combatir consistentemente a la pobreza: los ingresos, el rezago educativo, el acceso a servicios de salud y a la seguridad social, la calidad y servicios básicos en la vivienda, el acceso a la alimentación y el grado de cohesión en las comunidades y regiones estudiadas.
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