Silvia Ribeiro* - Periódico La Jornada
La semana pasada el panel de controversias del T-MEC falló contra México en el caso sobre maíz transgénico levantado por Estados Unidos, al que se sumó posteriormente Canadá. Pese a que México tiene toda la razón al defender su derecho a legislar en protección de la salud de su población y de la diversidad del maíz en su centro de origen, era muy probable que el fallo fuera en su contra. Como lo llamó Luis Hernández Navarro, fue un juego con cartas marcadas (https://tinyurl.com/ye23jkaf).
El fallo mostró claramente lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México sentenció como desvío de poder: pese a las trampas en el proceso, no hubo violación de las normas, ya que los acuerdos fundantes del T-MEC fueron hechos para favorecer los intereses de las empresas trasnacionales y actores más poderosos, a costa del interés público, del bien común y contra los derechos de los pueblos y la naturaleza.
Siendo un resultado terrible, era previsible. Para empezar, los dictaminadores del panel estaban en mayoría a favor de la biotecnología empresarial desde el comienzo. No fue azar, a la firma del T-MEC se designaron jueces por defecto si las propuestas hechas por las partes en controversia eran rechazadas por la otra parte. Cosa que sucedió hasta agotar las opciones y terminar en un panel que garantizara que el fiel de la balanza estaría a favor de los transgénicos.
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