- La planeación de la logística electoral no se ha concluido porque es muy reciente la decisión de las diputaciones sobre el recorte presupuestal y porque en las entidades federativas están en curso las reformas a sus constituciones.
Marco Baños - El Financiero
La organización de las elecciones judiciales del 1º de junio de 2025 pone a prueba la capacidad y experiencia de las autoridades electorales para conducirlas a buen puerto en condiciones desfavorables impuestas por un entorno caracterizado por las evidentes diferencias entre los actores políticos por la reforma judicial y sus implicaciones, la litigiosidad que generó y sigue en curso, por el daño al principio de división de poderes y los derechos laborales de miles de personas afectadas, además de las presiones y decisiones del oficialismo que recortó el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral y negó la ampliación de plazos para diferir la jornada electoral hasta el 31 de agosto.
A dicha complejidad hay otros agregados: el más delicado es el de la planeación de la logística electoral que no se ha concluido, entre otros factores, porque es muy reciente la decisión de las diputaciones sobre el recorte presupuestal y porque en las entidades federativas están en curso las reformas a sus constituciones y leyes para incorporar la elección de personas juzgadoras locales. Recordemos que el plazo señalado en el decreto de reformas constitucionales del pasado 15 de septiembre establece un plazo de 180 días para concretar las reformas.
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