Jorge Castañeda - El Siglo de Torreón
Existen varios términos comunes y jurídicos para designar el daño que una decisión de política pública le puede causar a un país, a una sociedad, o a un estado. No se trata de errores -por graves que sean- de optar por un camino en lugar de otro: sobre evaluar la moneda, incurrir en déficits fiscales excesivos, aplicar aranceles inútil o equivocadamente, etc. Más bien se refiere esta reflexión a yerros puntuales, con costos calculables y a la luz de objeciones previas, evitables. Por ejemplo, el tren México-Toluca: tardó doce años en construirse, sigue sin llegar a Observatorio, costó una fortuna, y no es rentable.
Los términos son daño patrimonial al Estado, daño al erario, o incluso daños a la nación, que más bien se refieren a los postes de luz o los letreros del periférico que destruye un automovilista en un accidente. Son casos claros de gastos sin ningún sentido, sin ninguna utilidad, carentes de cualquier justificación y de cualquier retorno positivo para el país, incluso con subsidios indefinidos. Es la diferencia, por ejemplo, entre el AIFA, o Dos Bocas, que obviamente fueron errores de juicio, que perderán dinero indefinidamente, pero que allí están, como la Puerta de Alcalá.
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