Isaac Kats - El Economista
La prioridad de la política pública es lograr un proceso continuo y sostenido de desarrollo económico. Sin lugar a dudas, una condición necesaria aunque no suficiente para alcanzar tal objetivo, es que la economía experimente un crecimiento del PIB real que derive en un cada vez mayor nivel de ingreso familiar real disponible, ya que es esto lo que les permite a las familias ampliar sus posibilidades de consumo de bienes duraderos y no duraderos y de servicios y, en consecuencia, darles satisfacción a cada vez más necesidades y con bienes de mayor calidad.
Lograr que la economía crezca requiere que los agentes económicos cuenten con un conjunto de reglas formales (legales) diseñadas de forma tal que los incentivos que se deriven de estas sean eficientes y estén alineados con el objetivo de un ingreso real agregado cada vez elevado. En primer lugar, las reglas tienen que definir eficientemente los derechos privados de propiedad en sus tres dimensiones (posesión de la propiedad física y humana, su uso y su transferencia) y que no haya barreras regulatorias que obstaculicen la entrada y salida de cada uno de los mercados y, en segundo lugar, se necesita que estos incentivos promuevan el trabajo, el ahorro, la inversión en capital físico y humano y el cambio tecnológico en los procesos de producción.
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