Samuel García - El Sol de México
En los próximos horas sabremos la decisión que tomó la Junta de Gobierno del Banco de México sobre la transferencia de remanentes de operación al Gobierno Federal. Una señal del grado de autonomía del banco central.
La expectativa ha sido enorme. Durante los últimos meses diversas voces han lanzado todo tipo de cálculos sobre el monto de remanentes de operación generados por el banco central en 2024 y que entregaría a finales de abril a la secretaría de Hacienda.
Desde calificadoras de riesgos (léase Standard & Poor’s y Fitch), economistas de bancos (el más reciente de Citi) y periodistas. Los cálculos van desde los 100 mil millones de pesos, hasta la friolera de medio billón. Así que con estos cálculos por delante, los funcionarios de Hacienda se estarán frontando las manos, ante la urgencia de cumplir su promesa de reducir el déficit fiscal para el año.
Me pregunto: ¿Porqué tanta apuesta y cálculo si la Ley del Banco de México (LBM) y documentos del propio banco central han dejado muy claro cómo se determinan los remanentes? La única razón que encuentro, es porque existe un “factor político”, discrecional, que han dominado estas decisiones en el banco central.
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