Salvador García Soto - Expreso
La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, incluidos diputados de la oposición, aprobaron ayer una reforma del expresidente López Obrador que permite a funcionarios públicos federales portar armas para su seguridad y defensa, en organismos como el SAT, Banxico, la CFE, el CNI, Pemex y la Casa de Moneda, consideradas áreas estratégicas del gobierno. Además, autoriza a las personas físicas y morales (empresas de seguridad) el uso de armamento para su seguridad personal, empresarial o familiar.
En ambos casos, tanto para los funcionarios federales como para los ciudadanos que decidan portar un arma, se tendrán que cumplir los requisitos y trámites que emite la Sedena. Aunque si se revisa la ley, al final se lo hace más fácil a los burócratas para la aprobación de permisos, pues sólo con que la dependencia pública demuestre que requieren armas para dar seguridad a sus funciones, se les autorizará a los funcionarios la portación de armas. Para los ciudadanos comunes, llamados “personas físicas” en la ley, también se amplían las modalidades de permiso para portar armas que emite la Defensa, pero el trámite es mucho más complicado y tardado.
Otro sector de la población al que se le permitirá portar armas para garantizar su seguridad son los comuneros, jornaleros ejidatarios del país, a los que se les permitirá de esa manera defenderse de los embates del crimen organizado que aterroriza, intimida y ataca a los campesinos y productores agrícolas del país. Las armas no sólo las podrán portar los hombres del campo en sus casas y tierras, sino también fuera en zonas urbanas, siempre y cuando comprueben fehacientemente su calidad de campesinos.
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