Por Luis Miguel González - El Economista
¿Hay un antes y un después de la reforma judicial? No es una pregunta especulativa, sino una cuestión práctica: ¿se mantienen las premisas de promoción de México como la mejor opción para el nearshoring? Más aún, ¿qué pasará con la inversión privada, nacional y extranjera en los próximos años? ¿Qué pasará con el crecimiento económico, la generación de empleos, los recursos para los programas sociales?
Los expertos en derecho han dado sus argumentos y queda claro que el cambio es profundo y lleno de riesgos. Una cirugía hecha con machete. Los economistas han sido prudentes, quizá demasiado prudentes, al hacer sus proyecciones de lo que pasará con el PIB en el 2025 y más allá.
Intuyo que no han incluido en sus modelos la reforma del Poder Judicial como una variable que afectará significativamente. Lo creo así, porque las encuestas de expectativas de los expertos proyectan un crecimiento de 1% en el año próximo, aunque esa magra cifra está en línea con lo que ya dábamos por descontado que pasaría en el primer año de la Presidencia de Claudia Sheinbaum. Al poner el 1% asumen que la aguja no se movería nada o casi nada, aunque usted no lo crea.
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