José Buendía Hegewisch - Excelsior
Si en algo no han sido diferentes el PAN, PRI y Morena es en su posición frente al Ejército. Con la reforma para la militarización de la Guardia Nacional se consolida un largo proceso de capitulación en seguridad pública de los últimos tres gobiernos civiles.
En el Congreso avanza la reforma que modificará la Constitución para dar realidad jurídica a la participación permanente del Ejército en el combate al delito, después de varios intentos frustrados por dar cobertura legal a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Morena y aliados, junto con algunos tránsfugas, se aprestan a aprobarla en el Senado frente al voto en contra de la minoría opositora de PAN y PRI, que antes, desde el gobierno, la apoyaban; con la misma vehemencia con que Morena la rechazaba y pedía el regreso de los militare a los cuarteles, como prometió López Obrador en campaña.
En efecto, su utilización en el combate al crimen no empezó con López Obrador, sino que forma parte de una tendencia “civilista” de los últimos 18 años. La puerta la abrió Calderón cuando llegó a la presidencia en 2006 con la legitimidad abollada por un triunfo acusado de fraude. Lo justificó por incapacidad de las policías civiles para enfrentar al crimen organizado. Pero fue una salida improvisada que arrojó a una “guerra contra las drogas” para la que los militares no estaban preparados y de la que no hemos salido en casi dos décadas, hasta derivar en la consigna del actual gobierno, “abrazos y no balazos”, pero con su presencia en las calles.
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