León Bendesky - Periódico La Jornada
El último tramo del actual gobierno está llevando al país a una situación extrema. No es ninguna sorpresa, pues el proceso está en curso desde hace seis años. Un breve recuento de los hechos indica que el plan A del gobierno, de abril de 2022, y enfocado en esencia a la reforma electoral, no resultó como se esperaba ya que no prosperó en el Congreso. En el plan B, de noviembre de ese mismo año, la cuestión se abordó mediante un paquete de reformas a las leyes secundarias y la modificación del sistema electoral. En la Cámara de Diputados las medidas propuestas se aprobaron con cambios y el presidente señaló que habrían de hacerse modificaciones y en febrero de 2023 el plan B se aprobó en la Cámara de Senadores. En mayo de ese mismo año la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la primera parte del plan B con lo que se impulsó el plan C, anunciado en marzo de 2023. En él se planteó explícitamente que en las elecciones federales de 2024 el partido Morena ganara la Presidencia y consiguiera las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado para asegurar, al final del sexenio, los pretendidos cambios políticos y legales, con las consiguientes reformas a la Constitución.
El proceso está hoy en pleno curso. Morena ganó la Presidencia; el INE ha avalado la mayoría de 364 diputaciones federales (236 de Morena, 77 del Partido Verde y 51 del Partido del Trabajo) que, con holgura rebasa los 336 votos necesarios para aprobar en esa cámara las reformas constitucionales que se han propuesto. En el Senado, Morena y los partidos Verde y del Trabajo tendrán 83 curules, dos menos de lo requerido para una mayoría calificada; situación que podría ser de fácil resolución. Esto es el “carro completo”, al que aludió el presidente en el plan C; un término con una alta carga negativa en la historia política del país del siglo XX.
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