Jesús Silva Herzog Márquez - Pulso de San Luis
La acusación contra Rocha Moya perforó la balsa del régimen. Desde el momento en que se conoció la petición de detener al gobernador de Sinaloa y a otros importantes políticos del estado, la presidenta ha actuado como su abogada. La defensora se convirtió de pronto en paladina del debido proceso, en vigía de un tratado de extradición que no ha tenido empacho en ignorar cuando se trata de delincuentes sin credencial de su partido. La abogada de Rocha Moya ha hecho una torcida interpretación del convenio bilateral para proteger a su representado. Ha exigido una y un millón de veces las pruebas que no es momento de presentar. Ante la opinión pública, la presidenta ha actuado como representante legal de quien es acusado de ser cómplice de narcotraficantes.
Sheinbaum ha decidido atar su suerte a la de Rocha Moya y ha ofrecido por adelantado su solidaridad con todos los políticos que pudieran ser acusados en el futuro próximo. La consigna implícita en el discurso de ayer es "México es Rocha." La presidenta ha decidido instalar la soberanía en esos sujetos que enfrentan allá las acusaciones que no prosperan acá. Para la presidenta la soberanía reside en el certificado de impunidad de la clase gobernante. No en la constitución que puede cambiarse en cinco minutos o violarse sin consecuencia alguna. No en la integridad territorial, sino en la coraza que protege a los aliados del régimen. La presidenta empeñará su resto en defender al gobernador de Sinaloa, a los gobernadores que sigan su misma suerte, a los políticos de su partido que sean señalados por Estados Unidos como cómplices de los narcotraficantes. La reacción de la presidenta revela involuntariamente la penetración del crimen. Si fuera un problema marginal, si se limitara a uno o dos estados, la presidenta no apostaría su presidencia al cuidado de unos pillos.
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