Ciudad de México, ARTICLE 19 México y Centroamérica expresa su preocupación por el uso del espacio “Derecho de Réplica”, conducido por la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), como un mecanismo de monitoreo y calificación de la conversación pública.
El 12 de agosto, Luisa María Alcalde Luján, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, presentó un análisis de una supuesta “red de amplificación digital”[1] en el que se incluyen listas de periodistas, comentaristas, analistas políticos, opositores políticos del gobierno y presuntas cuentas anónimas en redes sociales. Esto no sólo contraviene los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de acceso a la información, sino que también plantea serios cuestionamientos sobre la constitucionalidad del uso de recursos públicos y las funciones que el propio Estado mexicano se atribuye.
Además, explicó que la supuesta red “evidentemente está bien coordinada”[2]. De acuerdo con el análisis, se conforma de cuatro “capas” con funciones distintas, junto con las cuentas que las integran y las tendencias que han amplificado. Con ello, planteó la existencia de una acción organizada entre sus participantes[3], sin explicar la metodología técnica ni los criterios utilizados para sustentar dicha conclusión.
