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Washington, D.C. – La Administración del presidente Donald Trump ha elevado la lucha contra el crimen organizado en México a un nuevo nivel, al acusar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios estatales de colusión con el Cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. Esta denuncia, realizada por el Departamento de Justicia estadounidense y la DEA, representa un reto significativo para el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que deberá afrontar las implicaciones de estas graves acusaciones.
La investigación detalla una supuesta colaboración estrecha entre el gobernador y su círculo cercano con la facción conocida como «Los Chapitos», encabezada por los hijos de El Chapo. Según el expediente, esta relación permitió al cartel operar libremente en Sinaloa y facilitar el tráfico de grandes cantidades de drogas, incluyendo heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, todo a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación no solo implica a Rocha, miembro del partido oficialista Morena, sino también a un senador de la misma formación política y a varios funcionarios, lo que añade una capa más a la compleja red de la narcopolítica en el país. Aunque el gobernador no se enfrenta a acusaciones directas de haber recibido sobornos, el documento señala que su ascenso a la gubernatura fue respaldado por el cartel, indicando un compromiso de protección a sus operaciones criminales a cambio de mantener el apoyo del narcotráfico.




