- La política energética prioriza el control estatal de la CFE sobre la eficiencia, agravando apagones, rezago en infraestructura, menor inversión privada y presiones financieras crecientes.
Federico Rubli Kaiser - El Economista
En medio del eufemismo sheinbaumiano de que no hay apagones, sino “interrupciones en el servicio en algunos lugares, producto de las fallas en distribución”, la secretaria de Energía reiteró con claridad que el objetivo es consolidar la reversión de la apertura eléctrica y que el Estado recupere terreno frente a lo que ganó el sector privado en este mercado durante los últimos años. Es una declaración muy desafortunada, pues la razón es puramente ideológica y no motivada por aspectos de operación y eficiencia. Como si fuera algo nocivo, la secretaria Luz Elena González señaló que la participación pública en el mercado eléctrico cayó de 99% a 43% en 23 años, y que el objetivo es que el Estado provea el 61% de la capacidad de generación del país en 2030.
En días pasados se denunció que en 20 estados de la República se han dado prolongados apagones debidos principalmente a transformadores viejos y sin mantenimiento que presionan una sobrecarga de la red y la saturan. El daño de los apagones a las actividades económicas es tal, que no solo las empresas han protestado y exigido soluciones, sino también alcaldes, muchos de ellos morenistas. La capacidad de generación y distribución de la CFE sencillamente ha quedado rebasada debido a la ausencia de inversión pública para mantenimiento y expansión, y desincentivos cada vez mayores para que la iniciativa privada contribuya con inversiones en energías limpias (eólica y solar).
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