Rocha, prófugo de EU y lo que viene de Washington

 Salvador García Soto - Serpientes y Escaleras

Al cumplirse este sábado los 60 días desde que Estados Unidos solicitó su orden de detención con fines de extradición, sin que hasta ahora el gobierno de México haya procedido a detenerlos y menos a investigarlos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, serán declarados como “prófugos de la justicia estadounidense” y es probable que el Departamento de Justicia le ponga precio a sus cabezas, mientras el gobierno de Donald Trump prepara acciones por tierra contra los cárteles mexicanos.

Aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado insistentemente que exista un plazo para responder a la orden de detención que le solicitó Washington en contra de Rocha Moya y otros 9 políticos sinaloenses por asociación con el cártel de Los Chapitos y ha exigido al gobierno estadounidense que le muestre las pruebas en las que basa sus imputaciones a los funcionarios mexicanos, el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece en su artículo 11 que cuando una de las partes de este acuerdo, en un caso de urgencia, solicite la detención provisional de alguna persona acusada y sentenciada, ante tal pedimento, “la parte requerida tomará las medidas necesarias para obtener la aprehensión del requerido”.

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