Mario Maldonado - Sonora Presente
La revelación de Los Angeles Times sobre los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal volvió a encender la mecha dentro Morena. El diario estadounidense reportó que ambos mandatarios son objeto de investigaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales y que sus visas fueron revocadas. Los dos rechazaron la información. Durazo aseguró que se trata de señalamientos sin sustento y Villarreal negó cualquier procedimiento en su contra. La presidenta Claudia Sheinbaum optó por una respuesta medida y dejó que fueran los propios gobernadores quienes respondieran a las acusaciones.
El asunto, sin embargo, trasciende la discusión sobre una visa. En los últimos meses se ha vuelto evidente que las agencias estadounidenses han intensificado el seguimiento de políticos mexicanos, particularmente de aquellos que gobiernan entidades estratégicas para las rutas del narcotráfico y el tráfico de combustibles. La diferencia respecto a otros episodios es que ahora las investigaciones ya no parecen concentrarse en exfuncionarios o figuras del pasado, sino en gobernadores en funciones que forman parte del círculo político más cercano al proyecto de la Cuarta Transformación.
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