- Bajo la atractiva bandera del "escudo social", el poder público regula minuciosamente todos los resquicios del mercado
- La libre iniciativa no puede magullarse indefinidamente a golpe de boletín oficial.
- Donde el efecto expulsión se torna en un deporte de masas es en el empleo público
Manfred Nolte - elEconomista.es
La crisis del COVID-19 se asimiló a un estado de guerra. Ante semejante escenario de vulnerabilidad colectiva, todo el arco político e incluso la Academia validaron el protagonismo absoluto de las administraciones públicas. Se confirmaba así la tesis de Max Weber: el Estado como institución que ostenta el monopolio legítimo de la fuerza, traducido aquí en la capacidad excepcional de suspender la normalidad legal para preservar la nación. Era el viejo Leviatán de Thomas Hobbes plenamente actualizado. Frente al temor al desamparo y a la parálisis, la sociedad civil aceptó, e incluso aplaudió la irrupción de un gobierno beligerante.
Sin embargo, al amparo de la sucesión encadenada de crisis que arrastra el nuevo milenio, a Leviatán puede no bastarle con ser el garante del orden público. Ahora aspira al monopolio de la providencia. Bajo la atractiva bandera del "escudo social", el poder público regula minuciosamente todos los resquicios del mercado, interviene de forma directa en la mitad de la actividad económica a través del gasto público y recauda el equivalente al 40% del PIB.
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