Mario Maldonado - El Universal
Entre los sectores en los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deja muchas deudas, promesas incumplidas y escándalos de corrupción, está el agropecuario. No se ha cumplido el objetivo de la autosuficiencia alimentaria ni tampoco se tiene certeza de que ahora “coman mejor quienes nos dan de comer”, tal y como lo pronunció en su discurso de toma de posesión la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Más aún, el caso de Segalmex, en el que el gobierno reconoció un desvío ilegal de 2 mil 700 millones de pesos –aunque fueron más de 17 mil millones– es una muestra de la descomposición que hay al interior de las instituciones, sobre todo en las colocaciones financieras y en el manejo de los recursos.
Los mecanismos de financiamiento de proyectos para el campo fueron desmantelados y desaprovechados, o en el mejor de los casos destinaron sus recursos para financiar proyectos con empresas cuyos directivos incurren en conflicto de interés, ya que participaron en el desarrollo de los mecanismos para colocar los créditos.
Un caso al que se debe poner atención, por el potencial escándalo de corrupción que significa, es el del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, mejor conocido como Focir, en el que se se ha denunciado la repartición de una bolsa crediticia de 5 mil millones de pesos entre amigos cercanos a su director, Héctor Francisco Piña Salinas
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