Carlos Ramírez - El Independiente
Una reconstrucción del proceso de reforma judicial que comenzó poniendo en la mira a los ministros que se resistían a las agendas de Palacio Nacional podría explicar las razones por las cuales la reorganización de las estructuras judiciales se extendió a jueces y magistrados.
A raíz de los estragos del huracán Otis en Acapulco, las finanzas públicas tenían ausencia de fondos para desastres porque esos dineros fueron utilizados para otros gastos de obras insignia y las restricciones presupuestales escasearon para atender a damnificados ; en este escenario, al presidente López Obrador se le ocurrió la idea de buscar dinero en otras carteras de otros poderes y volvió a echarle el ojo a los fideicomisos del Poder Judicial que sumaban 25,000 millones de pesos de ahorros para apoyos a trabajadores y empleados.
En una mañanera, el presidente de la República dijo que esos fondos de los fideicomisos judiciales bien podrían destinarse a la atención prioritaria de los damnificados de Acapulco, pero sin reconocer que ese dinero pertenecía a los trabajadores del judicial, aunque habían surgido de manejos presupuestales del sector público.
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