Opinión de Raúl Rodríguez - El Universal Online
Estos días estamos peligrosamente enfilados hacia una ruptura del orden constitucional que podría generarle al país una inestabilidad política y socioeconómica de tamaño y profundidad impredecibles.
De un lado tenemos una reforma constitucional del Poder Judicial promulgada y en vigor desde el pasado 16 de septiembre, con sus leyes reglamentarias, y una enmienda (la de supremacía constitucional), aprobada y vigente desde el viernes pasado, que la blinda contra impugnaciones de la Corte vía amparos, controversias constitucionales y juicios de constitucionalidad.
Del otro lado tenemos -como el eslabón más reciente de una cadena de suspensiones judiciales no acatadas por el Congreso y la Presidencia de la República con el argumento de que son ilegales (artículo 61 de la Ley de Amparo)- un proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que valida parte de esa reforma, la de la elección popular de los nueve ministros de la Corte que conformarán el pleno, los siete del Tribunal Electoral y los cinco de un nuevo tribunal de Disciplina Judicial; pero invalida otra parte, la de la elección popular de jueces federales y magistrados, con los argumentos de que el máximo tribunal si está facultado para revisar reformas constitucionales presuntamente violatorias de los derechos humanos y textos de la carta magna que son a su vez normas generales (¿?) como la establecida para realizar una elección en la que, según el proyecto de sentencia, “no existe certeza en el régimen de postulación de candidaturas y el sistema de listas masivas no permite la posibilidad de ejercer el voto de manera libre e informada”.
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