- En medio de un recorte presupuestal, el INE pide más dinero y más tiempo para organizar los comicios, que han despertado poco interés entre los aspirantes a jueces, sobre todo entre las candidatas mujeres
Sesión ordinaria en el Instituto Nacional Electoral, en Ciudad de México, el 26 de septiembre de 2024. GRACIELA LÓPEZ (CUARTOSCURO)
Zedryk Raziel - México - El País
La elección judicial va a toda costa. En junio de 2025. Y que no cueste tanto dinero público. Son los imperativos que rigen la implementación de la reforma al Poder Judicial. Validada ya por la Suprema Corte de Justicia, la Constitución dicta que el 1 de junio del próximo año los mexicanos votarán a unos 900 cargos judiciales federales, incluyendo jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados electorales y ministros del Supremo. A ello hay que sumar los cientos de jueces que corresponden a cada poder judicial estatal, que también deberán ser votados en las urnas. La logística para llevar a cabo estos comicios inéditos ha puesto en aprietos al Instituto Nacional Electoral (INE). La autoridad ha pedido un presupuesto milmillonario, que Morena rechaza, por elevado. El INE también busca tener algo de más tiempo para organizar la compleja elección. La respuesta del oficialismo, que se ha mostrado inflexible en todo lo relacionado con la reforma, está por verse.
A estos problemas de organización hay que sumar que los comicios han suscitado poco interés entre la ciudadanía. Se espera que 16.230 abogados se inscriban al proceso como aspirantes a jueces. Cada poder, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, recibirá y gestionará un tercio de las postulaciones. La convocatoria establece que la fecha límite de postulación cierra en cinco días. Hasta el miércoles, el Ejecutivo había registrado 1.000 inscripciones, y el Poder Judicial, 378. Dos días antes, el lunes, el Congreso reportaba la recepción de 2.950 solicitudes; de ese total, solo un tercio correspondía a mujeres aspirantes, según reportó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. La baja participación de mujeres anticipa ser otro problema, pues la postulación a los cargos judiciales debe ser paritaria.
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