Denise Maerker - Milenio
Desde que se despidió públicamente el ex presidente López Obrador —el día de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum— no había vuelto a estar presente como lo estuvo ayer cuando los senadores morenistas se metieron en un auténtico embrollo a la hora de definir quién va a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los próximos cinco años.
Habían anunciado un procedimiento de parlamento abierto, que estuvieron presumiendo ampliamente a través de spots en radio, y que consistió en una convocatoria abierta para que asociaciones civiles, instituciones académicas, organismos públicos y colectivos de derechos humanos postularan candidatos. Hecho esto, se recabaron las opiniones de organizaciones respetadas de derechos humanos y, por último, comparecieron los aspirantes ante las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia. Los participantes, aspirantes y senadores, parecían tomárselo muy en serio. El 24 de octubre, por ejemplo, ante un comentario de uno de los aspirantes, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, le aseguró: “Tenga usted la certeza de que es un proceso abierto y transparente, sin decisión predeterminada alguna”. Después de las comparecencias clasificaron a los participantes por su desempeño y credenciales. Hasta ahí llegaron. A la hora de seleccionar la terna finalista no se incluyó a los tres mejor calificados, y sí a Rosario Piedra, la saliente presidenta de la CNDH, que no figuraba entre los 12 mejor calificados. Javier Corral lo explicó diciendo que fue por razones políticas.
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