Sergio Aguayo - El Siglo de Durango
Este año la Suprema Corte de Estados Unidos empezará a revisar una de las dos demandas interpuestas por el gobierno mexicano contra los fabricantes y comerciantes de armas de ese país. Como tardarán en decidir, se discutirá durante un buen tiempo.
Por la geopolítica y las leyes de la oferta y la demanda, Estados Unidos provee de armas a las organizaciones criminales que los abastecen de narcóticos. En esta historia el 2004 fue clave: expiró la prohibición de vender rifles de asalto en las armerías estadounidenses. Cuando Felipe Calderón declaró las guerras contra los cárteles en 2006, los criminales pudieron adquirir con facilidad armamento pesado. Creció la letalidad sicaria y se aceleró el conteo de ejecutados y desaparecidos.
Nadie sabe cuántas armas circulan por México. Se estima que entre 2005 y junio de 2024 ingresaron ilegalmente al país 3,900,000. En ese tiempo, de acuerdo con cifras oficiales, el Estado solo ha podido recuperar 337,067 (el 8.64 por ciento). Nos han fallado fiscalías, policías, fuerzas armadas, aduanas y presidentes.
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