- Claudia Sheinbaum remarca la fuerza laboral que representan los extranjeros en Estados Unidos y los expertos sostienen que expulsar a los migrantes sería contraproducente
Trabajadores en Fort Valley, Georgia, el 23 de julio de 2023. Joe Raedle (Getty Images)
Carmen Morán Breña - México - El País
La economía puede ser la única aliada de los migrantes amenazados en Estados Unidos con la deportación. Esos 11 millones de personas que el presidente electo, Donald Trump, quiere devolver a sus países de origen tienen una traducción en recursos enorme. Una cifra como esa de extranjeros indocumentados supone alrededor de 96.700 millones de dólares en impuestos en un solo año, más de la mitad para las arcas federales, según el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), con cálculos para 2022. Si a ello se suman quienes tiene papeles, los mexicanos superarían esa cifra. Además, la fuerza de trabajo de la migración está por encima del porcentaje de población que representa y los países occidentales saben lo que eso significa. Atendiendo a ello, no es de extrañar que la presidenta Claudia Sheinbaum destaque en las Mañaneras este aspecto. Aunque solo sea un recurso publicitario doméstico, las últimas semanas se han introducido en las conferencias cápsulas con declaraciones de paisanos que trabajan, proporcionan empleo y pagan sus tasas en Estados Unidos. Pero Trump presenta las dos caras de la misma moneda: el empresario que conduce el país mirando la economía y el que pretende devolver a su pueblo una grandeza neoimperialista que ponga freno a otras potencias. Su amenaza es todavía un enigma.
El republicano ha asegurado que empezará a trabajar en estos asuntos en cuanto sea nombrado oficialmente, el 20 de enero, pero las deportaciones son un proceso complejo. “Logísticamente, hacer redadas masivas es muy costoso y complicado de organizar. Los detenidos en centros de trabajo que no tengan historial criminal tienen, además, derecho a un juicio”, explica Estefanía Cruz, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. “Para el caso de hogares, debe emitirse una orden de cateo firmada por un juez y sería imposible tener todas las órdenes necesarias para expulsar a 11 millones de indocumentados”. Con base en estas consideraciones, la experta internacionalista considera “imposible” que este plan pueda ser implementado.
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