domingo, 14 de junio de 2009

¿MÉXICO EN MORATORIA?


Guillermo Knochenhauer

México será de los países a los que les costará más superar la recesión global. La razón es que es uno de los más dependientes de sus exportaciones y de las inversiones externas o dicho de otra forma, no tiene una estructura de capital propia, suficientemente robusta, que permita financiar el desarrollo.
Al reducirse y en algunos rubros volverse negativos el comercio y las inversiones externas, han puesto al país, otra vez, en riesgo de insolvencia financiera y de ser objeto de las políticas de “rescate” del Fondo Monetario Internacional, el FMI.
Esta semana, el director gerente de ese organismo, Dominique Strauss-Kahn, expresó sus preocupaciones acerca de la recuperación económica global. Entre ellas destacó que la interrupción de flujos de capital “requeridos por países emergentes como México, Colombia o Polonia se han secado”, lo cual puede llevarlos a un colapso financiero de consecuencias para el resto del mundo.
A lo que se refiere Strauss-Kahn en el caso de México, es a que la inversión extranjera directa cayó en el primer trimestre de 2009 a menos de la mitad de lo que fue en el mismo periodo del año pasado. La entrada de 4 mil 900 millones de dólares en valores gubernamentales entre enero y marzo de 2008, se convirtió en retiros por 328 millones en el mismo trimestre de este año.
El sector privado también padece la escasez de préstamos externos, al grado en que la deuda externa de empresas mexicanas no está siendo refinanciada por la banca extranjera (ya no hay de otra en México). Todo está dispuesto para agravar la percepción de riesgo y la renuencia de los bancos a prestar, lo que eleva, en efecto, el riesgo de sus préstamos y los lleva a invocar la intervención de organismos internacionales, como el FMI, y sus condicionantes políticas.
En algo se parece esta situación a la que ya conocimos en los años setentas, ochentas y noventas cuando México cayó en insolvencia financiera y fue “rescatado” por el FMI (y por Washington en 1995), al costo de forzar al gobierno a aceptar toda clase de políticas de libre mercado. La de 1995 consistió en la apertura del sistema financiero, lo que hizo de México el único país cuyo ahorro y préstamos son administrados en su casi totalidad por bancos extranjeros.
La evidencia es que haber cedido soberanía en el diseño de políticas públicas sectoriales no favoreció el desarrollo económico ni mejoró la vida de la mayoría de la gente. Más bien enajenó instrumentos de desarrollo y propició niveles de desigualdad sin precedente.
Podrá alegarse que faltó llevar a término esas políticas y que fueron obstaculizadas por resabios del estatismo económico anterior a los años setenta; la experiencia es que países con fuerte intervención del Estado y menor desigualdad social, como Francia, están afrontando la recesión global con menor perjuicio social y mayores posibilidades de recuperación que los que se hicieron más dependientes del comercio exterior, como Irlanda.
Los intereses transnacionales están siempre preparados para restarle a países endeudados e insolventes tramos de soberanía en la determinación de qué hacer, cómo hacerlo y para beneficio de qué sectores sociales hacer los cambios necesarios. En la reunión del G20, celebrada en Londres durante abril, se decidió revigorizar al FMI.
De seguir las cosas como van para México, la caída de los ingresos petroleros y la menor recaudación fiscal obligarán a una moratoria en el servicio de la deuda externa del sector público y a la intromisión del FMI. La mejor defensa contra esa posibilidad es fortalecer las estructuras internas de capital y de mercados.
Para empezar, se requiere un gran acuerdo nacional que produzca una reforma hacendaria en serio. El gobierno tiene que reducir su gasto corriente que, según el Consejo Coordinador Empresarial, requiere este año recursos equivalentes al 130 por ciento de los ingresos tributarios.
Aún más importante es acordar un nuevo balance entre los impuestos indirectos (IVA, por ejemplo) y los impuestos sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social. En los indirectos se recauda en México, como porcentaje del PIB, una proporción semejante a la del promedio de la OCDE (11.29%) pero en ISR y seguridad social apenas se cobra la tercera parte: 7.94% contra el 22.17%.
De ahí resultan dos problemas: pobreza hacendaria y nulo efecto redistributivo del ingreso que corresponde a la política fiscal. El problema no es técnico: como ha sostenido el Banco Mundial, los sistemas fiscales basados en impuestos indirectos reflejan y reproducen la concentración de la riqueza y del poder político, lo que a su vez explica las dificultades para equilibrar la estructura recaudatoria.
knochenhauer@prodigy.net.mx

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